El activista estadounidense Thomas Becker cuestionó que se busque beneficiar a Añez, Camacho y Pumari, cuando organismos internacionales exigen velar por las víctimas de las masacres de 2019.
El abogado y activista de derechos humanos, Thomas Becker, expresó su preocupación por las recientes determinaciones judiciales en Bolivia que buscan favorecer a Jeanine Añez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, acusados de graves vulneraciones contra los derechos humanos en diferentes regiones en 2019. Consideró que la justicia toma “decisiones políticas, no basadas en la ley”.
“Varias instituciones han dicho que Añez, Pumari y Camacho han cometido graves violaciones de derechos humanos, pero de repente, cuando pasó una semana de las elecciones y quienes van a ir a la segunda vuelta han dicho que quieren liberar a estas tres personas, la corte ha tomado decisiones políticas, no basadas en la ley”, cuestionó Becker en Bolivia TV.
El activista lamentó que la justicia en Bolivia sea usada como un “arma política”, lo que genera preocupación.
“Privilegios”
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió el Instructivo Nº 18/2025, con el que ordena a los tribunales departamentales de justicia revisar las medidas de detención preventiva que pesan sobre Jeanine Añez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
De manera inmediata y en audiencia, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz decidió por unanimidad dar libertad pura y simple a Pumari y detención domiciliaria a Camacho, ambos acusados por el caso Golpe I, que derivó en una convulsión, represión y terminó en masacres en 2019.
Lo propio pasó días antes en el Tribunal Cuarto de Sentencia que se declaró incompetente de seguir el caso Senkata que involucra a Añez y decidió remitir a la Fiscalía General todos los obrados que estaban en curso y dispuso un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.
El abogado y activista de derechos humanos, Thomas Becker.
Para el activista de derechos humanos y vocero de las víctimas de Senkata, El Alto, David Inca, la justicia tomó una decisión “política en combo” para “privilegiar” a Añez, Camacho y a Pumari.
Masacres en 2019
Becker recordó que la comunidad internacional investigó las masacres ocurridas en 2019 y comprobó que Añez fue colaborada para asumir la presidencia de forma “ilegal”, por lo que queda registrado como verdad el golpe de Estado de 2019.
“Otra cosa que es muy clara es que hubo masacre en Sacaba y Senkata (…) varias instituciones han dicho que son violaciones de derechos humanos”, remarcó. Además, recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), creado el 12 de diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), da fe de las masacres de Sacaba, Cochabamba; Senkata, El Alto; Huayllani y El Pedregal, en La Paz, donde perdieron la vida 37 personas, la mayoría jóvenes, quienes hasta ahora no hallan justicia.
“Es muy preocupante que seis años después no haya justicia para las víctimas y que ahora las cortes estén liberando a las personas responsables de muchas violaciones de derechos humanos”, reprochó Becker.
El experto en constitución Franklin Gutiérrez criticó, en entrevista con RTP, que los jueces “se acomoden al momento político”.
AEP
