Luis Arce afirmó que la suspensión judicial de los contratos de litio podría afectar la inversión extranjera y sentar un precedente negativo para otros sectores estratégicos del país.
El presidente del Estado, Luis Arce, consideró este jueves una intromisión a la disposición del Órgano Judicial de suspender momentáneamente el tratamiento de los contratos para industrializar el litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y aseguró que esa acción dejará un precedente negativo para la inversión extranjera directa.
“El Órgano Legislativo tendrá que deliberar, tendrá que aprobar o rechazar. Tiene dos opciones, si la aprueba, bienvenido; si la rechaza, también. Es una decisión de la Asamblea, pero no es una decisión del Órgano Judicial; por lo tanto, aquí hay una intromisión del Órgano Judicial en las labores y el trabajo que hace o que debería hacer la Asamblea Legislativa”, dijo en un diálogo con los periodistas, en Casa Grande del Pueblo.
Una jueza agroambiental de La Paz dispuso el miércoles la suspensión del tratamiento de los contratos para industrializar el litio en la ALP, en respuesta a una medida cautelar solicitada y presentada por la Defensoría del Pueblo.
La suspensión se refiere a las empresas china Hong Kong CBC Investment Limited y rusa Uranium One Group, hasta que las autoridades administrativas informen sobre la realización de un estudio ambiental, especialmente referido a los recursos hídricos.
“En este caso, estamos judicializando la economía (…), porque con esto estamos parando y esto va a tener un precedente negativo no solamente en el tema del litio, sino va a tener precedente negativo en la minería, en los hidrocarburos”, advirtió.
Arce dijo que el precedente negativo sería debido a que es exactamente la misma modalidad de contratos que se hace en hidrocarburos y minería, de acuerdo a lo establecido en la normativa boliviana que está vigente y que debe ser cumplida.
Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que la Defensoría del Pueblo desconoce la parte económica y que ello pone en riesgo, no solamente el litio, sino que dejará un “nefasto precedente” para los contratos mineros.
“Por lo tanto, aquí está el gran riesgo no solamente el litio con esto, no solamente los dos contratos y los futuros que están queriendo venir, porque van a ver una mala señal en nuestro país al judicializarse la economía”, remarcó.
Arce afirmó que dicha disposición entorpecerá la inversión extranjera directa que “tanto pregonaron” los diferentes partidos políticos que se presentaron en las elecciones generales del pasado domingo en el país.
Recordó que, por ejemplo, el contrato con la empresa china sólo representa el 1,4% de todo el salar de Uyuni (Potosí); sin embargo, los contratos que están siendo cuestionados no están vigentes porque aún no fueron aprobados en la ALP.
“Nos iba a significar al país, no sólo los 2.000 millones de dólares que pensábamos obtener de inversión extranjera en la industrialización del litio, sino también dar una señal muy fuerte, porque ya estamos en la segunda convocatoria y ya están procesándose propuestas de otros países, de otras regiones también, que se han presentado para seguir explorando la posibilidad de trabajar con Bolivia en la industrialización de nuestro litio”, añadió.
ABI
