Ahora está en manos del Legislativo la preselección y selección de los candidatos que terciarán en las elecciones judiciales.
La Paz, 07 de febrero 2024 (AEP).- La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró ayer en estado de emergencia y anunció que hará seguimiento a la alianza de los “evistas” con las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) en la preselección de los candidatos judiciales, para evitar cualquier intento de cuoteo.
Durante el acto de promulgación de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales, en la Casa Grande del Pueblo, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que los trabajadores “harán seguimiento de toda la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales”, con el fin de impedir que los partidos políticos se “cuoteen” espacios en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Ahora está en manos del Legislativo la preselección y selección de los candidatos que terciarán en las elecciones judiciales. La ley regula este proceso, donde prioriza la meritocracia y fija 230 días para culminar este proceso con nuevas autoridades judiciales.
“Empezamos con una nueva tarea, siempre hemos estado en estado de emergencia, vamos a seguir en emergencia, porque no termina aquí (con la promulgación), inclusive algunos legisladores anticipaban que la gestión 2024 va a ser una gestión negra, con muertos, con todo, y creo que se está viniendo todo, ya ha empezado, no es casual que hayan firmado ese acuerdo y hayan pactado con la derecha el año pasado”, advirtió.
El pacto
Huarachi aludió de forma puntual al pacto que los senadores “evistas” y los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos firmaron en noviembre de 2023 para que el senador Andrónico Rodríguez sea reelecto por cuarta vez consecutivo presidente del Senado.
De hecho, los “evistas” y opositores volvieron a sintonizar en estos días de bloqueo, que se inició el 22 de enero y se prolongó hasta ayer 6 de febrero, “al responsabilizar al Gobierno por las fallidas elecciones judiciales en 2023, cuando fueron ellos los que impulsaron normas de preselección de candidatos declaradas inconstitucionales”.
