Las víctimas piden garantías a la Defensoría del Pueblo.
El activista y vocero de las víctimas de Senkata, de El Alto, David Inca, denunció que jueces que emitieron fallos “políticos” en favor de Jeanine Añez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho “pisotearon” y “vulneraron” el informe del GIEI sobre las masacres de 2019, documento respaldado por la OEA.
“La impunidad se está materializando a través de los fallos que han emitido los jueces de La Paz y El Alto, quienes sin saber que son parte del Estado, pisotearon y vulneraron el informe del GIEI, un informe avalado por la OEA sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos cometidos por Jeanine Añez y otras autoridades”, dijo Inca a Ahora El Pueblo.
Recientemente, la justicia determinó dejar en libertad al excívico potosino Marco Antonio Pumari, y con detención domiciliaria al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I. Además de liberar del proceso ordinario a Jeanine Añez y derivar su caso a un juicio de responsabilidades.
Inca aclaró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia dejó 36 recomendaciones al Estado y estas son de cumplimiento obligatorio por todos los órganos, es decir, el Judicial, Ejecutivo, Legislativo y Electoral.
El activista también denunció que tras el fallo que favorece a Camacho, Pumari y Añez, las víctimas y él son estigmatizados y discriminados por grupos del gobernador cruceño.
“Nos sentimos en la indefensión. Ayer nos han insultado de todo, tal parece que volvió la justicia señorial que solo favorecer a unos”, lamentó.
Debido a la discriminación que sufren, ayer las víctimas de Senkata se reunieron con la Defensoría del Pueblo para pedir garantías.
Reacción de la Defensoría del Pueblo
Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresó su “extrema preocupación” por las recientes determinaciones judiciales, que incluyen la anulación de obrados en el proceso. Señaló que la causa penal se inició el 19 de noviembre de 2019, por lo que han transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación.
El organismo recordó que el informe del GIEI documenta vulneraciones a los derechos humanos en 2019 y establece la necesidad de investigar de manera seria, exhaustiva y respetando el debido proceso, garantizando la tutela judicial efectiva de víctimas y procesados.
Asimismo, la Defensoría hizo conocer que informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los procesos, advirtiendo que estas decisiones podrían generar impunidad y vulnerar el acceso a la justicia. Solicitó también a distintas instituciones del Estado detallar las medidas adoptadas para proteger la identidad, ubicación y seguridad de denunciantes, víctimas y testigos, conforme a la Ley N° 458, y aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
“La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar y vigilar el respeto a los derechos humanos, y exige que el juicio de responsabilidades no se convierta en un mecanismo para diferir indefinidamente la justicia y el esclarecimiento de los hechos”, subrayó el comunicado.
El fin de semana, las víctimas de la masacre de Senkata informaron a este medio que acudirán a la CIDH y luego a la Corte-IDH en caso de que no encuentren justicia en el país.
Por su parte, la dirección Nacional del MAS-IPSP denunció una supuesta “parcialidad” en el sistema judicial y pidió la intervención de organismos internacionales. “Pedimos justicia para aquellos caídos en 2019”, dijo Grover García, presidente de esta fuerza política.
“Nosotros no asesinamos a nadie, ellos sí”
Una de las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, lamentó que la justicia pretenda favorecer a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, mientras omite a las verdaderas víctimas que fueron reprimidas por protestar contra un gobierno de facto.
“Ellos se creen víctimas, cuál víctimas, nosotros no asesinamos a nadie, ellos sí. Ellos han venido, han matado con bala a mis primos”, recordó la señora.
En Cochabamba, vecinos también cuestionaron los privilegios con los que ahora gozan Añez, Pumari y Camacho.
“No estamos de acuerdo con la liberación. En 2019 vinieron helicópteros y desde ahí dispararon a los jóvenes en Sacaba”, relató otra mujer en Bolivia TV.
AEP
