La nueva ley elimina excepciones legales y blinda a menores contra uniones forzadas o abusivas.
En una decisión trascendental, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la Ley 092/2024-2025 C.S., que prohíbe de forma absoluta el matrimonio y las uniones forzadas en menores de edad. La medida cierra las puertas legales a una práctica que durante años vulneró los derechos de miles de niñas y adolescentes en Bolivia. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La legislación modifica la Ley 603, conocida como el Código de las Familias y del Proceso Familiar, y elimina las excepciones que permitían el matrimonio de menores con autorización de los padres o mediante la emancipación judicial. Estas disposiciones habían permitido que menores, en especial niñas, fueran forzadas a casarse incluso con sus agresores.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara revisora, queda sancionada la presente ley”, anunció la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, al concluir la votación.
El nuevo marco legal busca proteger la integridad, dignidad y desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue impulsada por la senadora Virginia Velasco (MAS-IPSP), quien trabajó de la mano con organizaciones como IPAS Bolivia, la Comunidad de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades alertaron sobre el alarmante índice de embarazos en niñas de entre 10 y 15 años, muchos de ellos vinculados a uniones forzadas.
Datos de la Comunidad de Derechos Humanos revelan que entre 2010 y 2022 se registraron más de 11.000 casos de matrimonios y uniones infantiles en Bolivia, una cifra que evidencia la urgencia de medidas legislativas más firmes. Muchas de estas uniones no solo fueron impuestas, sino también encubrieron situaciones de abuso y violencia sexual.
La sanción de esta ley marca un antes y un después en la defensa de los derechos de la niñez boliviana. Al cerrar definitivamente cualquier vía legal para el matrimonio infantil, el país da un paso firme hacia la erradicación de prácticas que perpetúan ciclos de pobreza, violencia y desigualdad, lo que consolida el principio de que la infancia no se negocia.
AEP
