El Ministro de Justicia informó que el presidente Arce le instruyó hacer seguimiento a los recursos para que no pase “nada extraño” de cara a los comicios de agosto.
El ministro de Justicia, César Siles, descartó ayer que los recursos legales presentados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) representen un riesgo para el desarrollo de las elecciones generales de agosto. Aclaró que, en caso de declararse inconstitucional algún artículo de la Ley de Organizaciones Políticas, cualquier modificación se aplicaría en futuros comicios.
“No existe ninguna posibilidad legal, jurídica o constitucional de que se puedan suspender las elecciones por uno u otro motivo. Si bien se han solicitado medidas cautelares que han puesto un poco nervioso a todo el mundo, esas medidas no pueden ir en detrimento, en perjuicio de un bien mayor que son las elecciones generales”, sostuvo.
“Desde el Órgano Ejecutivo, en el marco de sus competencias, se han realizado y se realizarán todas las acciones que estén a su alcance para que las elecciones se lleven a cabo el 17 de agosto, incluidos los recursos económicos necesarios”, aseguró el ministro.
“Llamo a los partidos políticos, al igual que el Ejecutivo lo está diciendo públicamente, a que cumplan el compromiso asumido en el Encuentro Multipartidario de garantizar, en el marco de nuestras competencias y posibilidades, las elecciones generales del 17 de agosto próximo, no nos dejemos llevar por algunos sectores que, seguramente, no quieren elecciones”, exhortó en conferencia de prensa.
Además informó que el presidente Luis Arce le instruyó que “haga el seguimiento en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo para que no pase nada extraño”. “No podemos evitar que se presenten acciones, pero sí podemos evitar que se haga algo arbitrario”, sostuvo.
El ministro de Justicia, César Siles.
Recursos
Hasta el momento hay seis acciones constitucionales, algunas presentadas y otras en proceso de presentación al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que objetan artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (1096).
El diputado del MAS Israel Huaytari presentó el 15 de abril una acción de inconstitucionalidad abstracta para que se garanticen binomios presidenciales paritarios; mientras que el 7 de abril el diputado disidente de Comunidad Ciudadana Miguel Roca acudió al TCP en busca de que las organizaciones indígenas puedan participar en elecciones generales y no solo subnacionales, como lo limita la Ley 1096.
Pero, además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó una acción de constitucionalidad concreta también sobre la participación de los pueblos indígenas en los comicios nacionales.
Sobre Huaytari, Siles aclaró que el diputado, desde hace tiempo, no es parte de las reuniones de la bancada del MAS. En cuanto al diputado Roca, preguntó: ¿Cuál es su motivación de impugnar la norma en este momento?
Siles insistió en que las eventuales determinaciones que adopte el TCP sobre estas acciones u otras no influirán en las elecciones generales de agosto, porque prevalece el principio de preclusión, pues el calendario electoral ya está en marcha desde el 3 de abril.
De acuerdo con el ministro, en la eventualidad de que el TCP emita un dictamen, solo tendría el tenor de “exhortar” al Legislativo a que modifique el artículo 28 de la Ley 1096, y si esto se da, se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
“Toda modificación que haya, que podría darse, tanto del artículo 28 como el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, va a regir para lo venidero y lo único que puede hacer el Tribunal Constitucional en cualquiera de estas dos acciones es, o expulsar y exhortar que se haga una nueva norma, o simplemente exhortar a que se haga una nueva norma y se modifique la ley”, señaló.
AEP
