El Ejecutivo remitió al Legislativo un anteproyecto sobre propiedad intelectual.
El Gobierno nacional remitió al Legislativo el anteproyecto de Ley de Tratado sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados con el cual se busca proteger el patrimonio cultural y los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas de Bolivia.
El anteproyecto surge de la adopción, en consenso, que se logró el 24 de mayo de 2024 en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptaron el Tratado sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados luego de más de 25 años de negociaciones.
En este tratado se destaca la inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo de esta manera que los mismos son custodios de la riqueza genética y los conocimientos tradicionales heredados durante generaciones.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, expuso, mediante sus redes sociales, que este tratado es un avance en los compromisos asumidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluye la adopción de medidas eficaces por parte de los Estados para reconocer y proteger sus derechos. Entre estos: mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas.
Remarcó que la incorporación del tratado garantiza que la divulgación de origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, constituya un requisito obligatorio, otorgando a Bolivia un respaldo legal para reclamar y exigir reconocimiento y beneficios.
“Con esta medida avanzamos en el posicionamiento de Bolivia en el proceso de negociación global sobre los temas de propiedad intelectual”, ponderó Arce.
La canciller Celinda Sosa expresó el deseo de que los parlamentarios avancen en el tratamiento de este anteproyecto porque es de “necesidad y urgencia” para los pueblos indígenas de Bolivia.
AEP
