Se determinó además que el Consejo de la Magistratura inicie procesos disciplinarios contra aquellos jueces que ejerzan el cargo sin competencia.
En una sala plena conjunta y de emergencia, los consejeros y magistrados del Órgano Judicial acordaron ayer conformar un observatorio para proteger la independencia judicial, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
Se trata de una de las tres principales conclusiones del encuentro que contó con la presencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental (TA), y de los consejeros del Consejo de la Magistratura.
OBSERVATORIO
“Vamos a crear el observatorio para precautelar la independencia judicial. Este observatorio va a estar pendiente de cualquier tipo de injerencia interna o externa que trate de afectar la independencia del Órgano Judicial”, explicó en una conferencia de prensa en la capital del Estado, Sucre.
Además, determinaron que el Consejo de la Magistratura inicie procesos disciplinarios contra “aquellos jueces que están actuando sin competencia”, es decir asumiendo roles que no les competen en materia de dilucidar recursos legales.
De manera adicional, y como tercer punto, acordaron exigir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pronunciarse sobre las acciones que se presentan en contra de las autoridades del Órgano Judicial, como la acción de cumplimiento en contra de la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira, a quien se intentó suspender su credencial a través de una determinación del juez de Coroico Fernando Lea Plaza, hoy preso.
Saucedo explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional “debe manifestarse en resguardo de la democracia y de la institucionalidad” porque “ninguna acción constitucional, ninguna medida cautelar puede suspender a una autoridad electa por el soberano”.
Amparado en la normativa, arguyó que solo la Asamblea Legislativa “tiene facultades” para procesar a los magistrados y consejeros “ante alguna falta o algún hecho ilícito que cometan en el ejercicio de sus funciones”.
“Es la Asamblea Legislativa la que puede sancionarnos con la destitución. Por lo tanto, en ese tercer punto y también de manera unánime le exigimos al Tribunal Constitucional que se manifieste en este sentido”, indicó.
De momento, desde la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia se hará seguimiento a los procesos que están en curso, como el caso del juez Lea Plaza, con el fin de que el hecho sea esclarecido. “Vamos a seguir pendientes de cualquier accionario que intente dañar, reitero, la institucionalidad y la democracia”, enfatizó.
AEP
