En septiembre de 2023, la Cámara de Diputados rechazó la aprobación del proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes.
La senadora Virginia Velasco identificó a los legisladores del bloque “evista” como los principales obstaculizadores de las leyes al servicio y defensa del pueblo.
La legisladora del Movimiento Al Socialismo identificó la paralización de manera premeditada del tratamiento y aprobación del proyecto de Ley contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Niños y Adolescentes, que fue presentada el año pasado por el Órgano Ejecutivo.
“Los evistas cerraron filas en defensa al expresidente Evo Morales”, aseguró.
El dirigente cocalero está siendo investigado por denuncias de estupro y trata de personas.
El presidente Luis Arce Catacora en su mensaje al país, tras cumplir cuatro años de mandato constitucional, lamentó que durante estos años se tenga una Asamblea Legislativa en la que algunos parlamentarios evistas y opositores bloquean todas las iniciativas del Órgano Ejecutivo.
“En 2023 rechazaron la Ley contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Niños y Adolescentes ¿A quién le puede convenir que prescriban o queden impunes esos tipos de delitos? ¿Habrá otro Parlamento que haya llegado a tal aberración?”, dijo el mandatario el 8 de noviembre.
El proyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra la infancia, que fue rechazado por 54 diputados en septiembre de 2023, iba a convertir a Bolivia en el referente en derechos y protección de víctimas de abuso. El principal objetivo era evitar que los delitos de violación prescriban, a pesar de que pasen más de 20 años, como sucede en la actualidad en la justicia.
Alcance
Esta norma prevé el aumento de las penas contra violadores, pues busca sancionar con hasta 25 años de cárcel y se agravará en casos en que el abusador sea un sacerdote o un funcionario público. También establece una pena privativa de hasta ocho años para quienes encubran a un violador; lo que no sucede con la actual legislatura, pues la pena es de seis meses a tres años. Con esta sanción, el encubridor no es castigado y se acoge al perdón judicial.
La Paz/AEP
