El financiamiento rechazado tiene una tasa de interés del 0,01% y un plazo para el pago de 16 años, con un periodo de gracia de seis años.
El embajador de Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, advirtió que el rechazo legislativo al crédito de 100 millones de dólares otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) puede afectar futuras gestiones de financiamiento entre ambos países.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desestimó el proyecto de ley correspondiente el pasado 2 de abril, tras más de dos años de estancamiento parlamentario.
“Como ustedes bien saben, todavía tenemos un crédito de 100 millones de dólares en la Asamblea. Es un préstamo que se enfoca en la seguridad humana: salud, educación, agua y medioambiente”, señaló Onomura, tras la firma de un contrato de donación para la construcción de una unidad educativa en Santa Cruz.
El diplomático añadió que, si bien aún no han recibido un informe oficial sobre el rechazo, el Gobierno japonés sigue valorando los esfuerzos del Ejecutivo boliviano por lograr su aprobación.
No obstante, fue enfático al señalar que la negativa legislativa impacta directamente en la relación crediticia entre ambos países. “El rechazo de nuestro crédito afectará los préstamos futuros de Japón”, dijo. A pesar de ello, aclaró que su país mantiene abiertas otras líneas de cooperación con Bolivia.
El crédito fue rechazado el 2 de abril de 2025 por la ALP después de estar bloqueado durante casi 727 días. En esa votación, 69 legisladores apoyaron la propuesta, pero no alcanzaron los votos adicionales necesarios para su aprobación.
Un intento posterior de reconsideración, realizado el 16 de abril, también fracasó. 72 votos a favor fueron insuficientes frente a 56 en contra y cinco abstenciones y no se cumplió con los dos tercios requeridos.
De acuerdo con las autoridades bolivianas, el crédito ofrece condiciones altamente favorables: una tasa de interés anual de apenas 0,01 %, un plazo de 16 años y un período de gracia de hasta seis años. El 90% de los recursos debía ser destinado a la atención de emergencias climáticas, principalmente por lluvias e inundaciones; mientras que el 10% estaba previsto para garantizar el voto de los bolivianos residentes en el exterior en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que se trata de una operación de reposición, es decir, JICA reembolsaría al Estado boliviano por gastos ya ejecutados durante la pandemia de Covid-19, lo que permitiría oxigenar las finanzas públicas sin incrementar la presión sobre el gasto corriente.
Desde el oficialismo, el rechazo del crédito fue calificado como un “sabotaje político”, que no solo limita el ejercicio democrático de los bolivianos en el exterior, sino que compromete la respuesta ante emergencias naturales.
El bloque de legisladores leales al evismo, junto con las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, fueron señalados como responsables del freno legislativo. Pero, pese a los obstáculos, el Gobierno anunció que continuará buscando mecanismos legales y políticos para retomar la aprobación del crédito.
Sin embargo, la postura japonesa parece haber cambiado. “Normalmente, como préstamo y crédito, es paso a paso. Si este crédito no se aprueba, no podemos conseguir nuevos créditos”, remarcó Onomura, dejando entrever que este impasse con la aprobación del crédito en Bolivia podría tener consecuencias más amplias en la cooperación financiera bilateral.
AEP
