La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, anunció que se hará una evaluación del proceso autonómico para avanzar en el pilar.
El Gobierno, a través de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, garantizó los recursos para las regiones mediante la “optimización” y reducción del Estado y así avanzar en el pilar 50/50, que es una de las políticas gubernamentales del presidente del país, Rodrigo Paz.
“Competencias sin recursos no te sirven de nada, entonces, lo que queremos es optimizar y garantizar que haya recursos para las regiones”, sostuvo Barrientos en una entrevista con el diario El Deber.
La exsenadora Barrientos se sumó al equipo del presidente Rodrigo Paz y ahora ocupa el cargo de viceministra de Autonomías. La autoridad informó que su trabajo se enfocará, primero, en hacer un diagnóstico de su repartición y una medida será fusionar el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) con la cartera que dirige para evitar “duplicar las funciones y reducir personal”.
PROCESO AUTONÓMICO
Lo segundo será encarar una evaluación y un diagnóstico de todo el proceso autonómico; es decir, cómo están trabajando los municipios con las competencias asignadas por el Gobierno central y los recursos asignados, entre otros aspectos.
“El centralismo les dio más competencias a los municipios, pero no les dio recursos. Entonces, no es lo mismo hablar de Santa Cruz de la Sierra, que es un municipio más grande con la mayor asignación de recursos, que hablar de la nueva autonomía indígena de Ch’alla (Cochabamba), todo esto requiere un proceso de evaluación”, mencionó.
Barrientos expuso que esta evaluación, que será de fondo, permitirá coadyuvar de forma profunda la autonomía de las regiones del territorio.
Con el análisis también se pretende ver si es necesario reorganizar las alcaldías como pasa con el Gobierno central, que impulsa un plan de restructuración y eliminar las “prebendas”.
Según la viceministra, las “prebendas” no solo ocurren en el nivel central, sino a nivel municipal. Ejemplificó que la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra cuenta con 14 mil empleados y Cercado, Cochabamba, con más de 10 mil funcionarios públicos.
“Creo que este proceso de reducción hay que hacerlo porque la plata no puede ser entregada como botín político, sino que si hay plata esta debe ir para pagar ítems, mejorar hospitales y comprar medicamentos”, planteó.
Con esta medida se busca avanzar con el pilar gubernamental 50/50, que no será un proceso rápido, “pero lo vamos a lograr con este análisis que estamos haciendo para garantizar los recursos”, aseguró la viceministra.
AEP
