El TSE advierte que no asistir o abandonar la mesa de votación sin justificación tendrá sanciones severas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una advertencia contundente de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales 2025: los jurados electorales que no se presenten o abandonen sus mesas de sufragio el domingo 19 de octubre sin justificación válida serán sancionados con una multa de Bs 1.375, equivalente al 50 % del salario mínimo nacional vigente.
Según la resolución de faltas y sanciones electorales, existen distintos niveles de penalización según el tipo de incumplimiento. Por ejemplo, no asistir a las juntas previas será sancionado con el 5 % del salario mínimo, mientras que ausentarse temporalmente sin permiso implicará una multa del 30 %. Además, si los jurados no informan a tiempo sobre irregularidades, también serán sancionados con el 50 % del salario mínimo.
El TSE también dispuso sanciones similares para los notarios electorales que incumplan sus funciones. Estos incluyen no asistir a la organización de mesas, no capacitar adecuadamente a jurados o no distribuir oportunamente el material electoral. En todos estos casos, la multa será del 50 % del salario mínimo nacional.
Los servidores públicos y ciudadanos también están sujetos a penalidades. Los funcionarios que usen vehículos oficiales sin autorización el día de la votación serán multados con el 20 % del salario mínimo. Asimismo, quienes no voten ni presenten su certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores al proceso enfrentarán una multa y quedarán inhabilitados para realizar varios trámites oficiales.
No obstante, el reglamento contempla exenciones para quienes tengan una justificación válida, como casos fortuitos, fuerza mayor, haber estado fuera del país o superar los 70 años de edad. También se sancionará a quienes incumplan resoluciones del TSE, manipulen el registro en el Padrón Electoral o dificulten habilitaciones de votantes.
Finalmente, el TSE aclaró que, en caso de no pagar las multas, los jueces electorales podrán convertirlas en arrestos de hasta ocho horas o trabajo social con fines públicos. Con esta normativa, el ente electoral busca garantizar la transparencia, el compromiso y el correcto desarrollo de la jornada electoral.
AEP
