Las víctimas de Senkata y Sacaba denuncian impunidad y prohíben uso político de su nombre

Las víctimas de Senkata y Sacaba denuncian impunidad y prohíben uso político de su nombre

Reiteran que en 2019 existió ejecuciones sumarias, torturas y detenciones.

Las víctimas de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), de noviembre de 2019, emitieron un voto resolutivo en el que rechazan lo que consideran actos de impunidad y manipulación política por parte de operadores judiciales y actores políticos que buscan, según denuncian, el “retorno de los privilegios de la República”.

En el pronunciamiento, las víctimas recordaron las conclusiones del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), presentado el 17 de agosto de 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se estableció que durante la administración de Jeanine Añez se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Informe

“El informe lo dice claramente, ‘lo acepte o no lo acepte’, se violaron los derechos humanos en noviembre y diciembre de 2019, cometiendo ejecuciones sumarias”, señala el documento.

El jueves por la madrugada, en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional, cuyo objetivo es establecer un marco legal que beneficie a todas las personas que hayan sido víctimas, directas o indirectas, de estos hechos.

El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, señaló a Bolivia TV que la reparación tiene los siguientes pilares: restitución de derechos, atención médica psicológica a víctimas y familiares, la no repetición (no impunidad) y una compensación o indemnización.

“La Comisión (CIDH) nos puso un parámetro que es el sueldo básico de un país (cómputo para la indemnización según la edad laboral)”, explicó.

El pronunciamiento también exige al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía que, en un plazo de 24 horas, inicien de oficio investigaciones y emitan acciones necesarias para sancionar a los responsables de los hechos que están en el informe.

AEP 

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