El plan de Rodrigo Paz para nacionalizar vehículos indocumentados provoca una ola de rechazo en el transporte y la industria.
La propuesta electoral del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, sobre la legalización de autos indocumentados, conocidos como chutos, continúa generando un rechazo categórico desde varios sectores clave del país. El transporte pesado se declaró en estado de emergencia; el transporte libre calificó la medida como "atentatoria"; y los industriales alertan que “legalizar el delito marcaría un precedente nefasto para la economía formal”.
Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado, fue enfático: “Si algún candidato, incluso ya siendo presidente, menciona la nacionalización de chutos, va a generar un caos total”.
Aseguró que su sector no aceptará ninguna propuesta que implique legalizar vehículos que ingresaron de forma ilegal. Advirtió, además, que el país no cuenta con la infraestructura ni la capacidad logística para asumir un aumento descontrolado del parque automotor.
Desde La Paz, el transporte público también expresó su rechazo. Santos Escalante, dirigente de los choferes de Chuquiago Marka, aseguró que la legalización saturaría el sistema de transporte y generaría competencia desleal, lo que —a su criterio— afectaría a quienes cumplen con la normativa. “No vamos a aceptar la legalización de los chutos, sería una puñalada a los que trabajamos legalmente”, sostuvo el representante gremial.
El malestar también alcanzó al sector industrial. Pablo Camacho, expresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), fue contundente: “La economía formal rechaza legalizar el delito. Si lo hacemos con los autos chutos, después querrán legalizar avasallamientos, robos y hasta el narcotráfico”.
Camacho instó a las autoridades a fortalecer la lucha contra el contrabando y coordinar con países vecinos para frenar el ingreso ilegal de vehículos.
A este panorama se suman los datos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, que reportó la incautación de 240 vehículos indocumentados en lo que va del año. Según esta entidad, los autos ingresan a través de al menos siete pasos fronterizos ilegales con Chile, lo que agrava el problema estructural del contrabando vehicular en Bolivia.
En un momento en que la situación económica empuja al debate electoral hacia medidas extremas, la polémica por los vehículos chutos se instala como un tema de seguridad jurídica, institucionalidad y justicia económica. La propuesta de Rodrigo Paz, lejos de captar apoyo, ha encendido alertas en sectores productivos clave, que advierten que la legalización del delito no puede ser una solución política ni electoral.
AEP
