Familiares y sobrevivientes de las masacres de 2019 afirmaron que la anulación de procesos profundiza la impunidad y reclaman respeto a su memoria y dignidad.
Las víctimas de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), ocurridas en noviembre de 2019, emitieron un voto resolutivo en el que rechazan la “impunidad” y la “manipulación política” que —afirman— persisten en torno a estos hechos.
En el documento, recuerdan que el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), presentado en 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que durante el régimen de Jeanine Añez se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
“El informe lo dice claramente, se violaron los derechos humanos en noviembre y diciembre de 2019, cometiendo ejecuciones sumarias”, remarcan.
La resolución surge tras la anulación de procesos judiciales vinculados a Senkata y Sacaba, decisión que, según los afectados, constituye un acto de discriminación y un paso más hacia la impunidad.
Entre los puntos centrales, las víctimas exigen que su nombre colectivo no sea usado en actos públicos ni en conferencias de prensa sin autorización previa. “Nuestra dignidad fue mellada, agredida y utilizada”, denuncian.
Asimismo, anunciaron que solicitarán la intervención de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al considerar que el sistema judicial boliviano les niega el acceso a la justicia.
El documento también emplaza al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público a iniciar, en un plazo de 24 horas, las investigaciones correspondientes y sancionar a los responsables, en línea con las recomendaciones del GIEI-CIDH. De lo contrario —advierten—, los considerarán responsables por omisión de violaciones a los derechos humanos.
En su pronunciamiento, también critican a los medios de comunicación, a los que acusan de no haber otorgado espacio suficiente a su versión de los hechos desde 2019, vulnerando su derecho a la réplica. Anunciaron que, de persistir estas actitudes, los denunciarán públicamente.
Finalmente, demandaron al futuro presidente y vicepresidente, así como a su gabinete, firmar un “Compromiso por los Derechos Humanos”, ya entregado a sus oficinas, con el fin de garantizar que se erradique la discriminación y el racismo contra las víctimas de las masacres.
AEP
