Cuestionan el fallo judicial que favorece a Añez, Camacho y Pumari y anticiparon acciones ante instancias internacionales.
Los familiares de los fallecidos y las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba se declararon en estado de emergencia tras las recientes decisiones judiciales que favorecieron a exautoridades vinculadas a los hechos de 2019. La indignación creció luego de que se otorgara libertad a Marco Pumari, detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y se anularan los obrados en el proceso contra Jeanine Añez por el caso Senkata, por lo que anunciaron nuevas medidas de presión.
Desde El Alto, organizaciones sociales y representantes de las víctimas denunciaron un “manto de impunidad” y acusaron al sistema judicial de actuar con sesgo político. “Hay responsables tanto materiales como intelectuales, sólo falta que (Arturo) Murillo vuelva y esté caminando campante por las calles”, reprochó David Callisaya, presidente de la Fejuve.
Por su parte, Roberto Mechacho, de Wiphalas Insurgentes, cuestionó: “¿Dónde queda la justicia para los que han muerto?”.
En Cochabamba, familiares de las víctimas en Huayllani también alzaron la voz. Jacinto Gareca, de la Federación Chimoré, recordó entre lágrimas los momentos de la masacre: “Aviones nos dispararon, tanquetas nos atacaron. Nos da pena, pero no nos vamos a callar. Queremos justicia para los nuestros, no impunidad”. Afirmó que, en ese marco, se convocará a un ampliado para definir medidas de presión si la situación persiste.
Las organizaciones anunciaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la falta de respuestas del sistema judicial boliviano.
Gloria Quisbert, representante de las víctimas de Senkata, calificó la anulación del proceso contra Añez como “una firma con sangre”. Reclamó que se otorguen privilegios judiciales a los responsables, mientras las familias siguen cargando con el dolor y la ausencia.
David Inca, defensor de Derechos Humanos, fue más allá y afirmó que la justicia opera como una herramienta al servicio de intereses políticos. “La justicia no actúa para el pobre. Esta es una casta que protege a unos pocos. A las familias de Senkata y Sacaba se las ignora, como si su sufrimiento no importara”, denunció.
La crítica también llegó desde el ámbito internacional. Tomas Becker, abogado y activista por los derechos humanos, lamentó que “la corte esté tomando decisiones políticas, no basadas en la ley”.
Señaló que la liberación de figuras clave de 2019 ocurre en un contexto electoral sensible. “Es evidente que hubo masacres, y ahora los responsables son liberados a menos de una semana de las elecciones. Eso demuestra que no hay independencia judicial en Bolivia”, concluyó.
AEP
