El Tribunal Constitucional requirió a la máxima institución del Órgano Judicial subsanar una “deficiencia formal” sobre el proceso judicial.
La Paz, 27 de septiembre de 2023 (AEP). - El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio cinco días hábiles de plazo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que subsane una “deficiencia formal” sobre una consulta al proceso de convocatoria de elecciones judiciales.
La parte sobresaliente de la observación del TCP dice lo siguiente, según un reporte del diario Correo del Sur: “Examinados los antecedentes y documentación presentada, la Comisión de Admisión de este Tribunal advirtió que el consultante a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el art. 112.3 del CPCo, adjuntó una certificación realizada por la Secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no es suficiente, más aún cuando la norma procesal no establece como requisito dicho documento, sino la presentación del Acta de Sala Plena que evidencie la conformidad de Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia; consecuentemente, si bien el consultante acreditó su condición de Presidente del citado Tribunal, aspecto que fue demostrado con la documentación que adjunta; sin embargo, no cumplió con la exigencia a la que hace referencia la parte in fine del numeral 3 del art. 112 del CPCo, la cual señala que deberá contar con la previa aprobación de la remisión del proyecto de ley en consulta por la Sala Plena de dicho Tribunal”.
El 20 de septiembre, el TSJ presentó una consulta de control de constitucionalidad al TCP sobre el proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales y, al hacerlo, según el artículo 113 del Código de Procedimiento Constitucional, paralizó el tratamiento de esa norma, que fue aprobada en el Senado y ahora está estancada en la Cámara de Diputados.
El 7 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional elevó en consulta el proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y al TCP.
El TSJ, máxima institución del Órgano Judicial, presentó al TCP una consulta de control previo de constitucionalidad sobre el artículo 2 y la disposición adicional sexta del proyecto de Ley Nº 144/2023-2024, por existir duda razonable y considerarse contrario a lo previsto en algunos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE). El documento señalado además resalta la suspensión de plazos procesales en las instituciones judiciales a partir del 2 de enero hasta tener posesionadas a las nuevas autoridades electas, quedando a cargo en ese tiempo de transición personal subalterno.
