Desde la Unidad de Defensa del Litigante, las denuncias fueron derivadas al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General del Estado y a la UTLCC.
Según datos de la Unidad de Defensa del Litigante (UDL), entre enero y marzo de este año, 93 denuncias contra jueces y fiscales son investigadas en distintas instancias como el Consejo de la Magistratura o la Fiscalía General del Estado.
“En el primer trimestre de la gestión 2025, se cuenta con 150 casos que ingresaron para investigación en contra de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público, de los cuales 57 casos son remanentes de la gestión 2024. De enero a marzo de 2025 se recibieron 93 casos”, informó la UDL en el boletín de información estadística trimestral del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Procesos
Según datos estadísticos, en enero fueron presentadas 33 denuncias contra jueces y fiscales; en febrero, 32 denuncias; y en marzo, 28 denuncias; mientras que 57 denuncias son por casos que quedaron de la gestión 2024.
En Bolivia, los jueces y fiscales pueden cometer delitos como prevaricato (dictar resoluciones injustas sabiendo que lo son), cohecho (aceptar sobornos), falsificación de documentos, y otros delitos contra la administración pública.
El prevaricato, según el Código Penal, en particular, puede ser sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años.
De acuerdo con la UDL, cinco denuncias fueron remitidas al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado, ambas instituciones en la ciudad de Sucre, para el inicio de procesos disciplinarios y sumarios en contra de las autoridades denunciadas.
Una denuncia fue remitida a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de la Fiscalía General. Hay 66 denuncias que fueron remitidas al Consejo de la Magistratura y Fiscalía General para seguimiento de procesos; y 22 denuncias fueron rechazadas por falta de competencia.
Justicia restaurativa
Las solicitudes de aplicación de justicia restaurativa en el primer trimestre del año culminaron con un total de 54 casos, según la Unidad de Defensa del Litigante.
La justicia restaurativa es una forma de resolver conflictos y reparar el daño causado por delitos, enfocándose en la participación activa de la víctima, el ofensor, la comunidad y las instituciones judiciales. Su objetivo principal es la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y la prevención de futuros delitos, a través de mecanismos como la mediación.
En este contexto, la UDL facilitó la suscripción de 23 Acuerdos Restaurativos. Como resultado, se logró recuperar para el Estado boliviano un total de Bs 416.404,37 por concepto de reparación de daños morales, económicos y materiales. Más de Bs 39.130,34 fueron recuperados dentro de un proceso penal seguido a instancias del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de 2015.
Datos estadísticos de la Unidad de Defensa del Litigante.
AEP
