Los militares no tienen facultad de aprehensiones.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, desmintió ayer las acusaciones del diputado Héctor Arce y otros dirigentes evistas, quienes aseguran que el presidente Luis Arce habría ordenado la conformación de un grupo de élite para detener al expresidente Evo Morales.
“Ante las declaraciones falsas, temerarias y malintencionadas del diputado Héctor Arce y otros dirigentes sobre una supuesta orden del presidente Luis Arce al Ministro de Defensa para organizar un grupo de élite con el objetivo de detener a Evo Morales, desmiento categóricamente esta falaz y perversa mentira”, manifestó Novillo a través de sus redes sociales.
El ministro advirtió de que estas versiones buscan generar malestar social y dañar la imagen del mandatario.
En su criterio, el evismo persiste en recurrir a la desinformación como estrategia de confrontación política.
“Dejamos claramente establecido que las Fuerzas Armadas no tienen ninguna facultad ni competencia para ejecutar órdenes de aprehensión emanadas de autoridades judiciales o de la Fiscalía”, enfatizó Novillo, quien además llamó a la población a no dejarse engañar por lo que calificó como afirmaciones con fines “oscuros y siniestros”.
El diputado evista Héctor Arce.
Policía analiza medidas legales
Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, informó que se evalúan acciones legales contra el diputado Arce, luego de que este advirtiera públicamente tener información sobre el domicilio del general José Illanes y su familia.
“Seguramente él (Illanes), como persona particular y oficial de Policía, hará prevalecer sus derechos como cualquier ciudadano. La familia se respeta y no tiene nada que ver con el cumplimiento del deber de un servidor público, sea cual sea su grado”, declaró Russo en contacto con la prensa.
Las declaraciones del diputado surgieron luego de acusar al general Illanes de supuestamente utilizar operativos antidroga en el trópico de Cochabamba para facilitar una eventual captura de Morales.
En ese contexto, lanzó advertencias relacionadas con el entorno familiar del jefe policial.
Ante esta situación, Russo confirmó que el general Illanes solicitó una reunión con el Comando General para informar sobre los hechos y coordinar la activación de los mecanismos legales disponibles.
“Estamos analizando. El general me ha solicitado una reunión para informarme sobre todo aquello y también para activar, en su calidad de ciudadano, los mecanismos que la ley le otorga”, precisó el jefe policial.
Russo lamentó que un legislador incurra en amenazas públicas y reiteró que más de 40.000 efectivos policiales en todo el país cumplen funciones en el marco de la Constitución y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana.
“Todos los servidores públicos policiales están cumpliendo su deber. Es el mandato constitucional. Como Comando General no nos entrometeremos en asuntos personales, pero sí actuaremos cuando se afecte la integridad institucional”, precisó.
AEP
