También están en las fronteras con Perú, Argentina, Brasil y Paraguay.
El Gobierno boliviano identificó 23 nuevos pasos fronterizos no autorizados que son utilizados para el contrabando, principalmente, de mercadería de salida hacia el exterior. La mayoría se encuentra en la frontera con Chile.
“Hemos podido descubrir 23 nuevos pasos no autorizados gracias al aumento de efectivos en las fronteras, 10 de ellos están en el sector con Chile”, explicó el jefe de la Unidad de Supervisión y Control del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Boris Michel, en el programa dominical Los Hechos Cuentan, de Bolivia TV.
Pasos no autorizados
Según la autoridad, otros tres pasos no autorizados se hallan en la frontera con Perú; dos, en el límite con Argentina; uno, en la frontera con Paraguay; y siete, en el límite con Brasil.
Michel explicó que en la actualidad se tiene relación con autoridades peruanas y chilenas para combatir el flagelo del contrabando y frenar este delito transnacional.
El contrabando de mercadería boliviana se dirige principalmente hacia Perú, donde se están concentrando los mayores comisos.
“Ese es el sector donde más se están realizando comisos con estos productos”, dijo.
Destacó que la detección de estos pasos se logró gracias al despliegue ampliado de personal militar en zonas fronterizas, lo que permitió un mayor control y vigilancia territorial.
El 23 de mayo de este año, el presidente Luis Arce dictó 11 medidas y siete decretos supremos contra el agio y el contrabando.
El mandatario anunció el endurecimiento de los controles contra el contrabando a través del envío de más de 1.480 efectivos militares en las fronteras, que se sumarán a otros 400.
Asimismo, mediante el Decreto Supremo 5409, el Gobierno nacional aprobó la Política Pública para Mitigar los Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Vinculados en las Fronteras Porosas, que tiene el objetivo de fortalecer los controles en los puntos fronterizos que son usados por grupos delincuenciales dedicados a delitos transnacionales.
“Con la finalidad de enfrentar de manera integral y sostenible la problemática de la porosidad fronteriza, se aprueba la Política Pública para Mitigar los Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Vinculados en las Fronteras Porosas, que en anexo forma parte indisoluble del presente Decreto Supremo”, señala la norma.
También se establece “fortalecer el monitoreo de la línea de frontera para identificar los pasos no autorizados recurrentes en delitos mediante la identificación geoespacial de los mismos”, pero además se fija “implementar medidas o mecanismos que coadyuven a identificar los pasos fronterizos no autorizados”.
AEP