La ministra Saravia indicó que World Justice Project es una ONG y dijo que se desconoce con qué metodología e información hicieron el reporte del país.
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional,JessicaSaravia,descalificó el informe de World Justice Project (WJP) porque no refleja la realidad sobre las acciones y políticas asumidas en esa materia.
“Negamos enfáticamente nosotros que este informe refleje la realidad de todas las acciones y políticas que tenemos en materia de lucha contra la corrupción”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
El 18 de junio de 2025 se publicó información sobre el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) que evalúa a 142 países, que refiere que uno de los subfactores que mide es la ausencia de la corrupción, en el que Bolivia se ubicaría en el puesto 141.
La ministra lamentó que muchos de los informes que llegan en cuanto a lucha contra la corrupción sean tergiversados políticamente, además indicó que este reporte proviene de una ONG.
“Nosotros hemos sido constantemente evaluados, como ministerio, desde hace muchos años por organismos y entidades que primero cumplen con una metodología y con la información clara”, sostuvo.
Agregó que Bolivia, en 2024, se sometió a la evaluación de Indicadores de Integridad Pública (PII): Marco estratégico anticorrupción y Rendición Pública de Cuentas, del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre Integridad Pública y Anticorrupción, basados en estándares normativos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
Según los estándares de la OCDE sobre conflicto de intereses, Bolivia cumple con el 100% de las salvaguardas regulatorias y ha implementado el 78% en la práctica, en comparación con los promedios de la OCDE del 76% y 38%, respectivamente.
Además, de acuerdo con los estándares de la OCDE sobre información pública, que incluyen el acceso a la infor- mación y datos abiertos, Bolivia cumple con el 60% de los criterios relacionados con las regulaciones y el 59% respec- to a la práctica, mientras que el promedio de la OCDE es del 64% y 61%, respectivamente.
Saravia destacó que, en la lucha contra la corrupción, en el primer semestre de este año se lograron más de 50 sentencias y se abrieron más de 900 causas.
AEP
