La juez Lilian Moreno Cuéllar favoreció anteriormente a Morales en octubre de 2023, dejó sin efecto una orden de aprehensión por el mismo caso.
El fallo judicial que anuló la imputación y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en un proceso por trata de personas con agravante, generó una fuerte reacción institucional.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, rechazó públicamente la resolución, mientras que su par del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció una investigación contra la juez que emitió el dictamen.
“No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia burlarse de la justicia. Primero nuestros niños”, escribió Saucedo en sus redes sociales, dejando clara su postura frente al beneficio otorgado al exmandatario.
El cuestionado fallo fue emitido por la juez Lilian Moreno Cuéllar, del Juzgado 14º de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz.
La misma autoridad ya había favorecido anteriormente a Morales en octubre de 2023, dejando sin efecto una orden de aprehensión por el mismo caso.
Magistratura
Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, aseguró que se actuará con firmeza ante posibles irregularidades. “El Consejo va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la norma, tengan por seguro que será sancionada conforme a la normativa vigente”, afirmó.
La defensa de Morales, encabezada por los abogados Jorge Pérez y Nelson Cox, celebró la resolución judicial que, según ellos, permite al exmandatario abandonar el trópico de Cochabamba, donde permanece desde octubre de 2024, al no existir actualmente una orden de aprehensión en su contra.
Pérez explicó que la decisión de Moreno no solo anula la orden de captura, sino que también dispone la paralización de la investigación en Tarija y el traslado del caso a Cochabamba.
El Consejo de la Magistratura ya inició la revisión del caso. “Bajo el respeto a la actuación de la autoridad jurisdiccional, si se confirma que hubo un acto observable, realizaremos las investigaciones correspondientes”, sostuvo Baptista.
Datos oficiales revelan que la jueza Lilian Moreno trabajó entre 2012 y 2016 en el gobierno de Evo Morales, primero como jefa del Departamento Jurídico y luego como gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales en Santa Cruz. En 2018 fue jefa jurídica de ENFE y, días antes de la renuncia de Morales en 2019, fue designada como jueza de Sentencia en Santa Cruz.
La decisión de la juez generó rechazo desde varios sectores. El diputado de Creemos Erwin Bazán consideró que se trata de una devolución de “favores” a Morales; mientras que la exdirigente de las ‘Bartolinas’ Maribel Ávalos y el exejecutivo de la CSUTCB Rufo Calle calificaron, respectivamente, de “indignante” y “repudiable” la decisión de Moreno.
AEP
