La Fiscalía activó las investigaciones y conformó una comisión para indagar los delitos del religioso español Alfonso Pedrajas en el país.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, exigió ayer acabar con el “encubrimiento sistemático” de la Iglesia Católica en el caso de los abusos sexuales cometidos por jesuitas, luego de develarse que el cura Alfonso Pedrajas sometió a menores junto con otros religiosos en Bolivia.
“La verdad sale a la luz desde adentro de la Iglesia Católica. Debe terminar el tiempo del encubrimiento sistemático en entidades de su dependencia. ‘No nos acostumbremos a ver injusticias’, Luis Espinal Camps. ¡Justicia!”, escribió Chávez en sus redes sociales a una semana de revelarse los vejámenes del cura Pedrajas en contra de menores de edad del colegio Juan XXIII, emplazado en Cochabamba.
Pedro Lima, exjesuita de la Compañía de Jesús, reveló al diario español El País que fue expulsado de la orden en 2001, cuando denunció los abusos.
El exreligioso señaló que Pedrajas, Luis Tó y Antonio Gausset Capdevila cometían abusos sexuales a menores. Además denunció que Tó había llegado a Bolivia protegido por la Iglesia de España por su condena por pederastia.
Denunció que Ramón Alaix, quien ejercía como provincial de los jesuitas, “sabía todo” de los abusos sexuales a niños, adolescentes, y fue Alaix quien firmó la carta de salida forzosa de Lima.
“Me expulsaron de la orden cuando denuncié los abusos. Él lo sabía todo y esa fue su respuesta”, develó Lima al periódico El País, de España.
Chávez aseguró el sábado que no prescribieron los delitos sexuales cometidos por el fallecido Pedrajas.
Reprochó la inacción de los representantes de la Compañía de Jesús en Bolivia y cuestionó que con su actitud incurrieron en un “encubrimiento sistemático”, lo que ahora podría ser tomado como una responsabilidad por omisión.
Las Fiscalía activó las investigaciones y conformó una comisión para indagar los delitos del religioso. La pesquisa es contra autor o autores, encubridores o cómplices, por la denuncia de delitos cometidos en contra de exalumnos del internado Juan XXII.
Este caso fue declarado en reserva por 10 días.
