El exministro ha sido señalado por incitar al uso de explosivos y armas.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, anunció que el Ministerio Público activó una alerta migratoria contra Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, quien enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos de terrorismo y otros vinculados a los bloqueos organizados por sectores ligados a Evo Morales.
Las movilizaciones, que se extendieron por 24 días, generaron una crisis económica y social en el país. Quintana ha sido señalado por incitar al uso de explosivos y armas durante las protestas. Desde que se emitió la orden judicial, permanece en la clandestinidad.
En un video difundido el 17 de noviembre, el exministro calificó las investigaciones en su contra como una persecución política del gobierno de Luis Arce y advirtió de que no será un “objetivo fácil” para las autoridades.
Operativo
A principios de noviembre se llevó un operativo en una vivienda de Sopocachi, donde se presume que Quintana residía. Durante el allanamiento, autorizado por el Juzgado 14 de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer, se decomisaron una computadora y cajas con documentos. Sin embargo, no se logró ubicar al exministro.
El operativo coincidió con la captura de Ramiro Cucho en Potosí y Humberto Claros en Cochabamba, dirigentes evistas considerados piezas clave en la organización de los bloqueos.
Asimismo, se busca al dirigente campesino Ponciano Santos, quien también se encuentra prófugo. El conflicto se originó el 14 de octubre, cuando sectores leales a Evo Morales iniciaron bloqueos en rechazo a las acusaciones de trata y tráfico de personas en contra del exmandatario.
Las protestas, que paralizaron varias regiones del país, finalizaron el 6 de noviembre luego de un acuerdo para declarar un cuarto intermedio. A pesar de ello, las investigaciones contra Quintana y otros implicados siguen en curso.
De acuerdo con el cuadernillo de investigación que cursa en el Ministerio Público, Quintana y Santos deberán comparecer ante las autoridades judiciales por el delito de terrorismo y otros.
La Paz/AEP
