El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Oruro, coronel Martín Arequipa, reveló que la Dirección Distrital de Educación negó expresamente la autorización.
Un funcionario de la Alcaldía de Oruro es investigado por haber autorizado de manera irregular el Saracho Fest, evento escolar que terminó en tragedia con la muerte de una estudiante y otra joven en terapia intensiva, tras una avalancha humana registrada el pasado fin de semana en el coliseo del colegio nacional Saracho.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Oruro, coronel Martín Arequipa, reveló que la Dirección Distrital de Educación negó expresamente la autorización para la realización del festival. Sin embargo, pese a la negativa oficial, un funcionario subalterno de la alcaldía habría otorgado el permiso de forma irregular, lo que ahora constituye un punto clave en la investigación.
“La Dirección Distrital de Educación ha negado la autorización, y tenemos a una persona que ha autorizado de una manera irregular esta actuación. Es un funcionario de la Alcaldía de Oruro, un funcionario subalterno. Esos dos aspectos están en investigación”, señaló Arequipa.
La Policía amplía las indagaciones para establecer responsabilidades administrativas y penales, mientras familiares de la víctima exigen justicia y mayor control en la organización de actividades masivas.
El Saracho Fest fue organizado como parte de las celebraciones de primavera en el histórico Colegio Nacional Saracho de Oruro, fundado en 1892 y considerado uno de los establecimientos educativos más emblemáticos del país. La tragedia ocurrió cuando, durante la presentación de un grupo musical, se produjo una avalancha humana que dejó como saldo la muerte de una adolescente y varios heridos.
El hecho desató indignación social y reabrió el debate sobre la seguridad en eventos escolares y la responsabilidad de las autoridades municipales y educativas en la autorización de espectáculos.
En Bolivia, la realización de este tipo de actividades requiere la aprobación conjunta de las direcciones distritales de educación y las alcaldías, pero en este caso se habrían vulnerado los protocolos establecidos.
AEP
