El Ministerio de Gobierno llevará a cabo las gestiones consulares necesarias para garantizar la pronta ejecución de la extradición, siguiendo los procedimientos establecidos.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el Gobierno del presidente Luis Arce procederá a cumplir con la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
De acuerdo con Ríos, el Ministerio de Gobierno y la administración Penitenciaria aún no han sido notificados oficialmente. Sin embargo, explicó a radio Panamericana que la notificación también debe llegar a la Fiscalía General del Estado y al juzgado cautelar correspondiente para que se inicie el procedimiento formal de extradición.
El funcionario detalló que el TSJ ha cumplido con todas las formalidades requeridas y que ahora corresponde ejecutar la orden de extradición.
Agregó que, en caso de que la defensa de Dávila considere apelar o recurrir a otras instancias legales, será decisión del abogado, pero el Gobierno actuará conforme a la resolución judicial.
RESOLUCIÓN
El TSJ aprobó ayer, miércoles, la extradición de Maximiliano Dávila Pérez, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) del gobierno de Evo Morales, a Estados Unidos, donde es requerido por cargos de asociación delictuosa vinculada al narcotráfico y asociación delictuosa de portar armas.
Dávila ocupó el cargo de director nacional de la Felcn durante casi un año y dejó sus funciones el 21 de noviembre de 2019, poco después de la renuncia de Morales a la presidencia.
Una fotografía, tomada el 26 de octubre de 2019 durante el cumpleaños de Morales en Chimoré, trópico de Cochabamba, lo muestra junto al expresidente, lo que llevó a considerarlo como parte de su círculo cercano.
El analista constitucional William Bascopé recordó a Cadena A que la recompensa de cinco millones de dólares que en su momento ofreció Estados Unidos por información sobre Dávila refleja la existencia de “pruebas contundentes que lo vinculan con los delitos imputados”.
ANTECEDENTES DEL CASO
En enero de 2022, Dávila fue aprehendido en el municipio de Villazón, en la frontera con Argentina, bajo acusaciones de narcotráfico y uso indebido de influencias.
En Bolivia, fue investigado por su supuesta relación con un operativo frustrado conocido como “Blanco de Blanco”, en el que se incautaron grandes cantidades de droga en territorio nacional.
Dávila siempre negó los cargos en su contra, asegurando que era víctima de una persecución política. Sin embargo, Estados Unidos presentó una solicitud formal de extradición bajo el argumento de su participación en una red de tráfico internacional de drogas y tráfico de armas, lo que derivó en la decisión del TSJ.
NEXOS
La extradición de Dávila Pérez ha puesto en foco su presunta participación en actividades de tráfico de drogas y armas vinculadas a una red transnacional liderada por Omar Rojas Echeverría, exmayor de la Policía boliviana. Ambos son requeridos por la justicia estadounidense y enfrentan cargos por asociación delictuosa para el tráfico de drogas y armas.
Rojas Echeverría fue detenido en Colombia en 2021, identificado como uno de los principales narcotraficantes de la región.
Según informes de la DEA, mantenía contactos estrechos con Dávila, quien utilizó su posición como jefe antidroga en el gobierno de Evo Morales para facilitar el uso de aeródromos bolivianos en operaciones ilícitas. Estas actividades incluían la coordinación de vuelos desde Bolivia a Colombia y posteriormente a Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.
La DEA documentó que Dávila organizó protección oficial para los cargamentos de cocaína, garantizando su tránsito sin interferencias. Se estima que la red traficó al menos 100 toneladas de cocaína y miles de armas hacia Estados Unidos, utilizando como método de pago parte del arsenal.
RELACIONES AL MÁS ALTO NIVEL
De acuerdo con un informe publicado por la revista colombiana Semana, Dávila mantenía vínculos con los más altos niveles del gobierno boliviano durante la administración de Morales. Esta relación facilitó la logística y protección de las operaciones de tráfico de drogas.
El testimonio de un informante clave, que había trabajado con la agencia antidrogas y tenía una relación cercana con Rojas, permitió identificar a los implicados y recopilar pruebas de las comunicaciones y reuniones realizadas para planificar los envíos de cocaína.
La red también incluyó a Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, un conocido narcotraficante boliviano vinculado al cartel de Medellín en la década de 1990. Tras su regreso a Bolivia en 2018, Roca Suárez retomó sus actividades ilícitas y se asoció con Rojas Echeverría para establecer una nueva organización de tráfico de cocaína y armas.
TRÁFICO DE ARMAS
Además del narcotráfico, los documentos de la Operación Andes revelan que la red de Rojas Echeverría y Dávila realizaba transacciones de armamento. Parte de estas armas se enviaban a Estados Unidos y otros países de la región, como Perú, Bolivia y Colombia.
El historial de Dávila se conecta con el de Rojas, quien fue dado de baja de la Policía en 2004 tras 15 años de servicio. Este último contaba con el respaldo de su hermano Alexander Rojas, quien ocupó el tercer cargo más alto dentro de la Policía boliviana como inspector general.
Ambos casos resaltan el alcance de las redes de narcotráfico y las posibles implicaciones de figuras clave en la estructura del Estado boliviano, ahora bajo la lupa de la justicia internacional.
Con la autorización del máximo tribunal, las autoridades bolivianas deberán coordinar los procedimientos necesarios para su traslado al país norteamericano.
AEP Digital/Mac
