El Gobierno boliviano ha intensificado su lucha contra el contrabando, en particular en el control de la exportación de productos subvencionados, con un despliegue militar inédito y operativos constantes en todo el país.
En lo que va del año, estas acciones provocaron un perjuicio económico superior a los 56,8 millones de bolivianos a las redes delictivas involucradas en esta actividad ilegal, que pone en riesgo la seguridad alimentaria y el abastecimiento interno de productos esenciales.
Tras la promulgación del Decreto Supremo 5402, el pasado 30 de mayo, que refuerza el combate al agio, la especulación y el contrabando, las Fuerzas Armadas y el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) ejecutaron más de 6.000 operativos, focalizados en las fronteras y rutas críticas.
El despliegue de 1.880 efectivos militares permitió reforzar los controles sobre productos como azúcar, aceite, arroz y ganado.
Estas acciones derivaron en la identificación de al menos 17 clanes familiares que operan como estructuras criminales dedicadas tanto al contrabando tradicional como al inverso, que implica la exportación ilegal de alimentos subvencionados.
Las operaciones también permitieron capturar a algunos implicados y activar procesos judiciales contra los responsables, a pesar de que la mayoría aún permanece prófuga.
Seis personas están actualmente detenidas preventivamente en el penal de San Pedro por contrabando inverso, mientras que otras seis enfrentan medidas judiciales, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez.
AEP
