La advertencia surge tras la disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar las medidas cautelares de Añez, Camacho y Pumari.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, alertó que más de 4.500 privados de libertad llevan más de tres años en detención preventiva, sin sentencia ni resolución judicial, lo que ha provocado protestas en varias cárceles del país.
La advertencia surge tras la disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar las medidas cautelares de la exsenadora Jeanine Añez, el excívico cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Antonio Pumari, vinculados al caso denominado Golpe de Estado I. Esta resolución, según Limpias, generó malestar en los penales por un supuesto trato desigual.
“Hay malestar entre la población privada de libertad. Tenemos 11.000 personas con más de un año de detención preventiva, 7.000 que superan los dos años y cerca de 4.500 que ya han pasado tres años. Incluso existen casos de 4, 5 y hasta 9 años sin sentencia”, afirmó la autoridad.
En las últimas horas, internos de Palmasola (Santa Cruz); Villa Busch (Pando); y San Pedro (La Paz) se declararon en estado de emergencia y protagonizaron protestas, en exigencia de que la revisión de medidas cautelares se aplique a todos los detenidos y no solo a tres figuras políticas.
“El reclamo es claro: no puede haber justicia para unos pocos. Hay privados de libertad en abandono judicial total, eso es una aberración”, remarcó Limpias, luego de recordar que Bolivia atraviesa una emergencia penitenciaria con una población carcelaria que supera las 18.500 personas en detención preventiva, situación que agrava el hacinamiento.
Finalmente, denunció que la ley para implementar el uso de grilletes electrónicos, que permitiría descongestionar las cárceles, “duerme en la Asamblea Legislativa”, pese a su importancia para aliviar la crisis penitenciaria.
AEP
