Esta medida es parte del seguimiento judicial que busca asegurar la disponibilidad de Morales para las diligencias legales correspondientes.
La directora general de Migración, Katherine Calderón, confirmó que se mantiene vigente la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, quien se encuentra imputado por el delito de trata de personas con agravante.
La alerta se activó con el objetivo de garantizar su presencia en el país mientras avanzan las investigaciones relacionadas con una denuncia de trata, vinculada a una relación presuntamente mantenida por Morales con una adolescente en 2015, en Yacuiba (Tarija), con quien, según las investigaciones, nació una niña.
Alerta migratoria
En una entrevista con Bolivia TV, Calderón precisó: “Se procedió al registro de la alerta migratoria para el señor Evo Morales. Mientras la Fiscalía no requiera el levantamiento de esta alerta, la misma sigue vigente”.
Esta medida es parte del seguimiento judicial que busca asegurar la disponibilidad de Morales para las diligencias legales correspondientes.
La alerta migratoria, registrada en el sistema de la Dirección General de Migración, busca evitar que el exmandatario pueda salir del país y asegurar su comparecencia en las etapas que aún se desarrollan de la investigación.
Esta situación se deriva de una denuncia por supuesta explotación sexual, en el contexto de una relación con una joven menor de edad que se habría prolongado durante 2015, cuando era adolescente.
El 17 de enero, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía por su incomparecencia en el proceso judicial.
En esta misma audiencia, el magistrado dictó varias órdenes judiciales, entre ellas la solicitud de búsqueda y aprehensión del exmandatario, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes, como medida precautoria.
Este caso ha generado gran repercusión pública y ha puesto en la mira no solo el accionar de Morales, sino también el funcionamiento de los mecanismos judiciales en torno a la protección de menores y la lucha contra la trata de personas.
La Paz/AEP
