La denuncia fue presentada por el Ministerio de Justicia por el presunto delito de desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, justificó ayer la aprehensión y posterior traslado a La Paz de la jueza Lilian Moreno. Señaló que había un riesgo de fuga.
La medida fue asumida luego de una denuncia formal presentada por el Ministerio de Justicia por el presunto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.
“El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal faculta al Ministerio Público a emitir una orden de aprehensión sin previa citación, cuando existen indicios suficientes de peligro de fuga u obstaculización”, explicó Mariaca en conferencia de prensa.
El fiscal general precisó que la denuncia fue presentada en la ciudad de La Paz, lo que motivó la intervención de fiscales especializados en delitos de corrupción.
Agregó que la decisión se tomó luego de un análisis del fiscal de materia y de informes emitidos por la comisión de policías e investigadores asignados al caso, así como reiteradas solicitudes del Ministerio de Justicia.
“La resolución está debidamente fundamentada y se enmarca en la Constitución y la normativa procesal penal”, subrayó.
La orden de aprehensión fue emitida el 3 de mayo y ejecutada ayer lunes en la mañana por efectivos de la Policía Boliviana, quienes constataron indicios suficientes y riesgos procesales como la posibilidad de fuga u obstrucción de la investigación.
Está previsto que la jueza Moreno preste su declaración informativa en La Paz, tras lo cual se definirá si corresponde o no una imputación formal.
Mariaca enfatizó en que será el fiscal asignado al caso quien evalúe los elementos existentes y determine si se solicitará la detención preventiva u otras medidas cautelares.
“La independencia y objetividad guían el trabajo de cada fiscal, quien debe valorar la pertinencia de las medidas ante la autoridad jurisdiccional”, precisó.
La jueza Moreno es investigada por haber dejado sin efecto una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta una investigación por el presunto delito de trata de personas con agravante.
AEP