El ministro César Siles remarcó que el país necesita respuestas claras y justicia ante un hecho de suma gravedad que puso en riesgo el orden constitucional.
El ministro de Justicia, César Siles, urgió al Ministerio Público concluir la investigación sobre el fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024, y avanzar con celeridad hacia un juicio oral, público y contradictorio.
La autoridad remarcó que el país necesita respuestas claras y justicia ante un hecho que calificó como de suma gravedad y que puso en riesgo el orden constitucional.
“Debería, ya, el Ministerio Público pensar en cerrar esta investigación, dar certidumbre, ir a un juicio oral, público y contradictorio, donde sin duda se van a producir los elementos probatorios de ambos lados, de la acusación y la defensa”, manifestó Siles en entrevista con Bolivia TV.
El ministro cuestionó las recientes declaraciones del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga —principal acusado del caso— en un medio internacional, indicó que dichas entrevistas carecen de valor legal y evidencian contradicciones que debilitan su credibilidad.
“Las constantes contradicciones de Zúñiga, tanto en sus declaraciones formales como en la entrevista, le restan credibilidad a la persona”, enfatizó.
Siles aseguró que el caso cuenta con elementos suficientes para sustentar una acusación sólida. “Los elementos que tiene el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, que son parte de este caso, son suficientes para ir a un juicio oral, público y contradictorio”, señaló.
Cuestionó además la estrategia de la defensa, calificándola de “equivocación grosera” por recurrir a declaraciones contradictorias.
Golpe de Estado
El intento de golpe de Estado ocurrió cuando el entonces general Zúñiga, al mando de efectivos militares y vehículos blindados, tomó la plaza Murillo e irrumpió en el Palacio Quemado con amenazas al presidente Luis Arce.
El hecho fue catalogado por el Gobierno como un intento fallido de ruptura del orden democrático, y derivó en la destitución y aprehensión de Zúñiga, quien inicialmente aseguró que actuó por orden del propio Presidente, versión desmentida por el Ejecutivo y ampliamente cuestionada por su inconsistencia.
En semanas pasadas, el caso fue tipificado como terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. El Ministerio Público inició investigaciones que incluyen la participación de otros mandos militares y posibles civiles implicados.
Finalmente, el ministro Siles advirtió de que, por la magnitud del delito, la pena para Zúñiga debería superar los 20 o 25 años. Insistió en que el caso debe resolverse en estricto cumplimiento del debido proceso, pero sin dilaciones, para garantizar verdad, justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
AEP
