La autoridad aseguró que los sucesos violentos de noviembre de 2019, cuando murieron decenas de personas, son delitos que no prescriben.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió que Bolivia será sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la falta de justicia en las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019.
“Se está dejando en la impunidad estos delitos cometidos y tarde o temprano estos hechos serán sancionados por la CIDH. Las personas que han viabilizado esa impunidad también tendrán responsabilidad internacional”, enfatizó la autoridad en contacto con la prensa.
Recordó que, si bien existen apelaciones y recursos dentro del marco legal, los hechos violentos fueron constatados y en el caso Golpe II Jeanine Añez ya cuenta con una sentencia condenatoria de 10 años.
“Estamos hablando de delitos de lesa humanidad que no prescriben. No se puede dejar de lado que hubo muertes y responsables”, afirmó.
Reiteró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) emitió informes que recomendaban medidas concretas para garantizar justicia y reparación a las víctimas.
El proceso penal continúa en curso
El Procurador General del Estado, aseguró que el proceso penal en el caso denominado Golpe de Estado I, contra los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari continúa su curso, pese a las cuestionadas decisiones judiciales.
“Todos los procesados tienen derecho a la libertad, sin embargo, eso no significa que los procesos se hayan caído. Si bien es cierto que las autoridades jurisdiccionales tomaron la decisión de cesación a la detención preventiva, eso no implica que los procesos hayan caído”, dijo la autoridad a la prensa.
El Ministerio Público, la Procuraduría y las otras partes acusadoras ya apelaron las recientes decisiones judiciales que favorecieron a los acusados y que el proceso aún se encuentra en su etapa final.
“No se puede dar por concluido el proceso. La decisión no está oleada ni sacramentada. Hemos interpuesto los recursos correspondientes y será el Tribunal Supremo de Justicia el que emita la última palabra”, señaló Condori.
En el caso Golpe I, se cuenta con más de 400 pruebas que demuestran la participación de los principales acusados en la ruptura del orden constitucional en 2019.
“Estamos a una sola audiencia de que se dicte sentencia condenatoria. No se puede dejar de lado que este señor (Camacho) depuso a un gobierno legalmente constituido y lo reconoció públicamente”, añadió.
También señaló que Pumari habría utilizado vehículos policiales y solicitado cuotas de poder en la Aduana.
Aclaró que el cambio de situación jurídica de los acusados —libertad pura y simple para Pumari y detención domiciliaria para Camacho— no afecta el fondo del proceso.
“Lo importante es que el juicio continúe hasta llegar a una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Nuestro objetivo es una sentencia condenatoria por los hechos en 2019”, dijo.
AEP
