Faval señaló que el presidente Paz toma medidas “duras y complejas de entender”, pero necesarias para “estabilizar el Estado”.
Tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la vocera presidencial Carla Faval aseguró que el Estado garantizará la continuidad de los servicios vinculados a derechos, género, defensa del consumidor y atención a poblaciones vulnerables.
Explicó que el cierre de la cartera anunciado el jueves, no implicará el abandono de sus funciones ni de las instituciones bajo su dependencia.
“Garantizamos como Estado que los espacios relacionados al tema de género, de servicio al consumidor y a varias otras responsabilidades no van a quedar de lado. Se tomarán acciones de políticas públicas para dar certeza en torno a estas decisiones”, afirmó la vocera presidencial, en su primera conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.
Faval señaló que el presidente Paz toma medidas “duras y complejas de entender”, pero necesarias para “estabilizar el Estado”.
También anunció que, desde ahora, se ofrecerán conferencias de prensa todos los lunes para informar sobre la agenda presidencial y los temas relevantes de la gestión gubernamental.
La autoridad no detalló aún qué entidades absorberán las competencias del extinto ministerio, sin embargo, aseguró que “próximamente” se comunicarán las decisiones relacionadas con la redistribución de tareas, modelos de gestión y continuidad de programas.
“Esta es la primera conferencia de prensa; vamos a informar cada lunes sobre las acciones del presidente Paz y lo que va a pasar con el Ministerio de Justicia y sus dependencias”, enfatizó.
La aclaración gubernamental surge tras el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que expresó su preocupación por la supresión de la cartera, señalando que la medida no consideró el impacto sobre la formulación de políticas públicas ni la provisión de servicios esenciales para poblaciones vulnerables.
Según esta institución, la desaparición del ministerio puede afectar la protección integral y la asistencia jurídica, psicológica y social gratuita para miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Datos
El extinto Ministerio de Justicia administraba cinco viceministerios: Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor; Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización; Justicia y Derechos Fundamentales; Justicia Indígena Originaria Campesina; Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
A esto se sumaba la Gestora SAJ-RPA, responsable del registro público de la abogacía y de promover el acceso a la justicia.
Además de otras instituciones descentralizadas, entre ellas: Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi); Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep); Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu); Servicio Plurinacional de la Mujer “Ana María Romero” (Sepmud); Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu) y Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis).
El ministerio también tenía a su cargo consejos nacionales en temas de trata y tráfico de personas, vejez digna y niñez y adolescencia, instancias que articulaban políticas interinstitucionales y el cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos.
ABI
