Esta nueva decisión resta validez al fallo emitido en Santa Cruz y fortalece el curso del proceso judicial en contra del exmandatario.
La justicia boliviana dio un nuevo giro en el caso contra el expresidente Evo Morales. El juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto la resolución emitida por la jueza de Santa Cruz Lilian Moreno Cuéllar, quien había anulado la orden de aprehensión contra Morales, investigado por un caso de presunta trata de personas con agravante.
La determinación se dio en respuesta a una acción de libertad presentada por la presunta víctima, lo que motivó al juez Zabaleta a emitir una medida cautelar que suspende temporalmente toda resolución adoptada por la jueza cruceña. De esta forma, la orden de aprehensión contra Morales sigue vigente mientras se dirime el conflicto de competencias jurisdiccionales.
“Se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada entre tanto no se resuelva la presente queja”, señala el documento judicial.
Además Zabaleta otorgó un plazo de tres días para que tanto la jueza Moreno como el juez Nelson Alberto Rocabado Romero presenten un informe detallado sobre los términos de la queja interpuesta.
Esta nueva decisión resta validez al fallo emitido en Santa Cruz y fortalece el curso del proceso judicial en contra del exmandatario. Asimismo frena cualquier intento de trasladar o cerrar el caso mientras se garantiza el respeto al debido proceso y los derechos de la presunta víctima.
El pronunciamiento judicial se da en medio de una creciente polémica sobre la actuación de la jueza Lilian Moreno, quien trabajó en instituciones estatales durante el gobierno de Morales y ha sido cuestionada por una presunta falta de imparcialidad.
El Consejo de la Magistratura ya anunció una investigación en su contra por posibles irregularidades.
ÓRGANO EJECUTIVO
El fallo de Moreno, que anuló la orden de captura y pretendía trasladar el caso al departamento de Cochabamba, generó fuertes reacciones desde el Órgano Ejecutivo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó la decisión como una “payasada judicial” y aseguró que podría constituir el delito de desobediencia a resoluciones judiciales, sancionado con hasta seis años de prisión según el Código Penal.
“Lamentablemente, esta payasada que ha cometido esta juez está tipificada como el tipo penal de desobediencia a resoluciones judiciales. Nosotros vamos a pelear, como siempre lo hemos hecho, con la justicia boliviana”, afirmó Del Castillo.
El ministro también enfatizó en que no se puede permitir que una firma eche por tierra una investigación penal en curso y niegue justicia a las víctimas. Confirmó además que el Ejecutivo coordina acciones con otras instituciones para brindar protección a las víctimas del caso, al tiempo que respaldó las investigaciones iniciadas por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia contra la jueza Moreno
El ministro de Justicia, César Siles, ratificó que la orden de aprehensión contra Morales “continúa plenamente vigente”. “No solamente la orden (de aprehensión), sino queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción de Tarija y la plena competencia del juez (…) El fallo está suponiendo claramente que, como medida cautelar se deje en suspenso cualquier decisión que haya emitido la juez Moreno”, explicó a Bolivia Tv.
RESOLUCIÓN JUDICIAL
Una resolución judicial que firmó la jueza departamental Lilian Moreno anuló la orden de captura contra el expresidente de Bolivia Evo Morales.
La Fiscalía había dispuesto en octubre la detención del líder indígena de 65 años, quien desde entonces se refugió en la región cocalera del Chapare, donde sus seguidores montaron un dispositivo de vigilancia para impedir su aprehensión.
Después de casi siete meses, la jueza penal Lilian Moreno anuló el mandato de arresto, así como “todos los actos procesales e investigativos” contra Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.
LICENCIA OTORGADA
El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revocó parcialmente la licencia otorgada a la jueza Lilian Moreno y le ordenó presentarse de forma inmediata en su despacho.
“Se ha dispuesto revocar en parte la licencia otorgada a la señora jueza, para que se restituya a su fuente laboral de forma inmediata a partir del día de hoy (viernes), caso contrario se activan los mecanismos que establece la ley que corresponde al Consejo de la Magistratura”, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, en conferencia de prensa.
Quezada remarcó que la revocatoria responde a la necesidad de que Moreno esté disponible para responder ante las investigaciones activadas tras la controvertida resolución.
“La revocatoria no vulnera la independencia judicial, pero sí responde a una necesidad institucional. Es fundamental que la autoridad jurisdiccional esté habilitada para asumir cualquier actuación o requerimiento que surja de las investigaciones o del propio ejercicio de su competencia”, explicó.
AEP
