Saucedo aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia velará firmemente por el respeto a las normas democráticas, reafirmando que la potestad de impartir justicia es un mandato otorgado por el pueblo boliviano.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este miércoles el instructivo 07/2025, que establece su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional en Bolivia, en el que también se advierte con procesos a los jueces que, con sus resoluciones, pongan en riesgo la democracia.
“El Órgano Judicial se debe al pueblo. Como hombres y mujeres de justicia, no debemos ser cómplices de intereses mezquinos que ponen en riesgo la democracia (…). La historia nos convoca a asumir responsabilidades para preservar el orden constitucional”, dijo el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
Subrayó la importancia del momento político y el rol del Órgano Judicial en el fortalecimiento de la democracia y, en dicho instructivo, se exhorta a todas las autoridades judiciales del país a garantizar el desarrollo de las elecciones generales programadas para agosto de 2025, recordando que deben actuar con conciencia y responsabilidad, priorizando la paz y estabilidad del país.
“Exhortar a todas las autoridades jurisdiccionales del país a demostrar su compromiso firme con la democracia en Bolivia, considerando en la resolución de acciones constitucionales que pretendan paralizar el proceso electoral previsto para el 17 de agosto de 2025, que el Estado boliviano ya ha realizado una erogación significativa de recursos públicos, y que el Órgano Electoral Plurinacional se encuentra desarrollando el calendario electoral”, señala parte del instructivo.
Saucedo remarcó que el incumplimiento del mismo dará lugar a la adopción de medidas legales contra aquellas autoridades que intenten desestabilizar el orden constitucional o atentar contra la democracia, que fue recuperada por el pueblo “a costa de sangre”.
“El incumplimiento a estos criterios fundamentales podrá dar lugar a la adopción de acciones legales correspondientes contra aquellas autoridades que, mediante sus resoluciones, intenten desestabilizar el orden constitucional establecido”, añadió.
Saucedo aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia velará firmemente por el respeto a las normas democráticas, reafirmando que la potestad de impartir justicia es un mandato otorgado por el pueblo boliviano.
“La potestad de impartir justicia es un mandato otorgado por el pueblo boliviano; por tanto, el Órgano Judicial se debe al pueblo”, precisó Saucedo.
ABI
