Javier Escalier alertó que el alcalde vulnera leyes municipales y prepara una “excusa legal” para blindar el programa.
El concejal Javier Escalier denunció que el alcalde Iván Arias se niega a entregar la información técnica y legal del programa de parqueo tarifado implementado en la ciudad de La Paz, pese a una solicitud formal enviada el 15 de septiembre. El legislador edil calificó de “falso” el argumento del Ejecutivo Municipal que asegura no haber recibido ninguna petición.
“El Ejecutivo miente cuando dice que desde el Concejo no solicitamos información. El 15 de septiembre enviamos la solicitud formal, y casi un mes después respondieron rechazándola con una excusa jurídica sin fundamento”, afirmó Escalier.
El concejal explicó que la solicitud se ampara en la Ley Municipal de Fiscalización 499, que obliga al Ejecutivo a rendir cuentas sobre contratos, concesiones y alianzas público-privadas. Sin embargo, aseguró que el alcalde desconoce esta norma, pese a existir una orden judicial que ratifica su plena vigencia.
“Pedimos información técnica y legal sobre la concesión del parqueo tarifado porque se trata de un acuerdo público-privado. Pero el alcalde, en lugar de responder, desconoce una ley aprobada por el Concejo y validada por la justicia”, sostuvo.
Escalier recordó que su despacho reiteró la solicitud después de las denuncias sobre irregularidades presentadas desde junio. “Emitimos la solicitud, reiteramos la petición, y el Ejecutivo nos devolvió la nota. Esa renuencia demuestra que no quiere transparentar el contrato del parqueo tarifado”, afirmó.
ANUNCIARÁN UNA ACCIÓN LEGAL CONTRA EL ALCALDE
Ante esta negativa, el concejal anunció que presentará ante la Directiva del Concejo Municipal una solicitud para interponer una Acción de Cumplimiento, con el fin de exigir que el alcalde entregue la información requerida.
“El alcalde no cumplió con la Ley de Concesiones ni con la Ley de Alianzas Público-Privadas. Pediremos que la Directiva impulse una acción para hacer respetar la normativa municipal”, adelantó.
CRÍTICAS A UNA LEY QUE “BLINDARÍA” EL PARQUEO TARIFADO
Escalier también cuestionó la propuesta de ley impulsada por algunos concejales, que —dijo— solo busca “blindar” el programa de parqueo tarifado.
“Esa ley no regula; en realidad, pide documentación. Si se aprueba, el alcalde la enviará al Tribunal Constitucional de Sucre y paralizará cualquier acción del Concejo o de la ciudadanía durante meses”, alertó.
Agregó que una norma de ese tipo no debería enfocarse en un caso puntual. “El sentido de una ley es regular algo de interés general, no pedir documentos sobre un caso específico”, enfatizó.
De aprobarse esa norma, Arias podría remitirla al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde permanecería en revisión por varios meses, lo que impediría frenar la ejecución del programa.
“No podemos aprobar una ley que perjudica a la ciudadanía. Esa norma, en lugar de frenar el parqueo tarifado, lo blindaría”, aseguró.
CUESTIONAN BENEFICIOS PARA EMPRESARIOS
El concejal recordó que su despacho fue uno de los primeros en advertir irregularidades en el contrato. “Desde junio alertamos que se estaba vulnerando la Ley de Concesiones y que no se remitió la información contractual al Concejo. Hoy vemos las consecuencias de esa falta de transparencia”, lamentó.
Afirmó que el programa favorece a empresarios privados que solo entregarán el 10% de la recaudación al municipio. “Eso es inadmisible. ¿Cómo puede ser que el Gobierno Municipal solo reciba el 10% de lo que se cobra en las calles paceñas?”, cuestionó.
MALESTAR CIUDADANO EN DISTINTOS BARRIOS
La denuncia del concejal se suma al rechazo ciudadano que se manifestó en las últimas semanas. En San Miguel, vecinos, comerciantes y cuidadores de autos bloquearon vías en protesta contra el programa. En la avenida Arce, instituciones y embajadas colocaron conos y obstáculos para impedir el estacionamiento como muestra de descontento.
“Lo que vemos es un profundo malestar ciudadano. Los vecinos no fueron tomados en cuenta y el alcalde sigue actuando sin transparencia. El parqueo tarifado no responde a un estudio técnico ni a una planificación urbana seria”, concluyó Escalier.
AEP