Un día como ayer, tres años atrás, en medio de la crisis sanitaria que vivía el país ocasionada por el Covid-19, un hecho de corrupción concebido al interior del gobierno de facto de Jeanine Añez salía a la luz como algo que parecía inverosímil, que ante el terrible panorama que enfrentaba la población, no podía ser cierto; pero sí lo era, desde el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional, entidad que debía enfocarse en superar la pandemia, se había gestado un negociado para la compra con sobreprecio de 170 respiradores procedentes de España.
En ese entonces, un medio extranjero titulaba: “Capturan y destituyen al ministro de Salud boliviano por escándalo en compra de respiradores”. Era el 20 de mayo de 2020 y la noticia se expandía como pólvora, tanto en el país como más allá de nuestras fronteras. El entonces titular de esa cartera de Estado, Marcelo Navajas, era destituido y aprehendido por las fuerzas del orden.
El escándalo se destapó cuando se conoció que el gobierno de facto pagó alrededor de $us 27 mil cada uno de los respiradores, cuando la empresa catalana GPA Innova tenía un precio de fábrica que oscilaba en $us 7.000 por unidad.
Esta adquisición, con severas anomalías en el proceso, era presentada como un gran logro por las autoridades de ese entonces. Es más, los equipos empezaron a distribuirse con bombos y platillos; no obstante, las observaciones de especialistas en salud no se dejaron esperar, los aparatos no eran para terapia intensiva, sino para asistencia en emergencias, por lo que no eran útiles para atender a pacientes Covid.
Pero, al margen del daño económico provocado al Estado y la inutilidad de los equipos comprados para el objetivo que se pretendía, que desde ya es algo aberrante, lo que genera mayor indignación en el pensamiento colectivo es la circunstancia en la que se decidió llevar a cabo este ilícito, en un contexto en el que familiares y amigos morían diariamente ante la propagación del virus que avanzó inclemente frente a un gobierno inconstitucional que no tenía el más mínimo mecanismo de defensa para afrontar la situación. En medio del dolor de la población, que desde el encierro veía a sus seres queridos partir, sin el mínimo pudor se decidió negociar con recursos de los bolivianos.
Hoy, a tres años de aquel suceso, queda esperar que se agilicen las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar los culpables y castigar a quienes se burlaron del sufrimiento de las personas durante un aciago periodo que quedará marcado en nuestra memoria.
