Un boicot consumado y confesado. Tras desportillar la gestión económica de Luis Arce y desestabilizar su gobierno, tras causar el sufrimiento del pueblo por la iliquidez de divisas que provocó la escasez de combustibles, y tras tender la cama a un gobierno de derecha, la alianza legislativa opositora se acordó de trabajar y de aprobar los créditos externos que precisa la economía, lo que demuestra que en este último tiempo no hubo voluntad política ni compromiso con los bolivianos, solamente intereses proselitistas.
La oposición en el Legislativo hizo en un mes lo que no pudo o no quiso hacer desde 2023 —cuando dio comienzo al estrangulamiento del financiamiento internacional—, con la validación exprés de nueve préstamos por $us 861,2 millones. Lo hizo después de la derrota electoral del bloque nacional popular en agosto y la victoria en octubre de un proyecto que tiene entre sus planes el retorno del modelo neoliberal. Lo hizo sabiendo que la nueva gestión requerirá de esos recursos que fueron privados al actual gobierno.
Se confirma que el boicot a estos créditos fue parte de una guerra política, económica, legislativa y mediática contra Arce; que con este sabotaje se apuntó a la asfixia de la economía, el descontento de la población y el fracaso del país; que con las trabas solo se buscó que el Presidente diera un paso al costado en su derecho de una reelección para allanar el retorno del neoliberalismo; y sobre todo, se confirma que Arce siempre tuvo la razón: el financiamiento externo es la llave para solucionar los problemas económicos.
Fueron tres años de una asfixia financiera que generó un hueco de $us 1.488 millones hasta agosto, debido a que fueron más los dólares que salieron que los que entraron a la economía. Más aún desde 2022, los paros y los bloqueos de caminos, sumados a este bloqueo legislativo, causaron pérdidas por $us 7.000 millones, lo que los convierte en responsable de la ola inflacionaria y el aumento desmedido de la cotización del dólar en el mercado paralelo, además del riesgo de que Bolivia incurra en un default con sus acreedores.
El pueblo fue el que pagó los platos rotos de esta actitud antidemocrática de la derecha —la nueva y la vieja—, la iliquidez de divisas restringió la compra de carburantes para la población y el aparato productivo, recursos que también eran necesarios para brindar ayuda humanitaria a los afectados por las peores lluvias de los últimos 40 años y para ejecutar obras, proyectos y programas para el desarrollo regional, la generación de empleos y la mejora de la calidad de vida. Ese fue el resultado del boicot legislativo.
Pese a las adversidades, el Gobierno sacó a flote el país, sin que faltaran combustibles y alimentos, y cumpliendo en plazo con las obligaciones de la deuda externa. Quedan más de $us 1.000 millones pendientes de aprobación en el Legislativo, que sumados a los $us 861,2 millones recientemente desbloqueados, podrán ser aprovechados por los nuevos gobernantes. Cabe destacar que son créditos sin condiciones, beneficiosos para el Estado en intereses y plazos de pago, muy diferentes a los que gestiona el próximo gobierno.
