El Gobierno nacional tiene una política de cero tolerancia a los avasallamientos y al tráfico ilegal de tierras, por lo que no tolera estos actos ilícitos, pues vulnera el Estado de derecho. En todos los casos ordenó la intervención de las autoridades competentes para el desalojo de los avasalladores y el procesamiento en las instancias judiciales.
Las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria negaron que se “filtre” alguna información a los avasalladores y exhortó a los actores políticos y sociales, en caso de contar con pruebas idóneas sobre el avasallamiento de terrenos o tráfico ilegal de tierras, a presentar denuncia formal ante las instancias competentes.
El avasallamiento y el tráfico de tierras son delitos penales tipificados en la Ley 477, que establece sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes ocupen ilegalmente tierras privadas o fiscales, por lo que todas las instituciones públicas competentes como el Ministerio Público están obligadas a hacer cumplir la determinación.
El INRA reafirma su compromiso de seguir trabajando con transparencia y legalidad en todos los procesos agrarios porque la titulación de tierras genera certidumbre para la producción agropecuaria y otorga seguridad jurídica a los propietarios.
Otra arista del problema es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria no puede continuar y concluir con el proceso de saneamiento de tierras, fortalecer la gestión territorial, mejorar la seguridad jurídica sobre la tierra y contribuir al desarrollo rural sostenible debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueba un crédito de $us 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo destinado a este objetivo.
Este hecho obstaculiza el trabajo del INRA que, entre 1996 y 2024, tituló cerca de 95,8 millones de hectáreas, equivalentes al 93% del territorio, mientras que aún restan millones de hectáreas por regularizar. Gran parte de los beneficiarios de la titulación son mujeres, que históricamente fueron discriminadas en la tenencia de la tierra.
La falta de recursos redujo el personal técnico y operativo y se interrumpieron los procesos de regularización y titulación de tierras, afectando a comunidades y productores. La ausencia de financiamiento también limita la capacidad del Estado para prevenir y resolver conflictos territoriales, como los registrados en Santa Cruz, lo que demuestra el impacto real de esta decisión política en la gestión agraria.
De acuerdo con datos oficiales, en la Asamblea Legislativa Plurinacional permanecen bloqueados 19 proyectos de ley de créditos externos por más de $us 1.667 millones, destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo en todas las regiones del país.
El Gobierno nacional, como una muestra de su política de cero tolerancia al avasallamiento de tierras, ejecutó desalojos con auxilio de la Policía, se aprehendió y se puso ante un juez a más de 60 personas, y las autoridades judiciales son las encargadas de concluir las investigaciones y sancionar con todo el rigor de la ley.
