La solicitud formal del gobierno del presidente Luis Arce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que acompañe y mantenga vigilancia sobre las elecciones del 17 de agosto constituye una demostración inequívoca del compromiso del Estado boliviano con la transparencia democrática y el respeto a los estándares internacionales en materia electoral.
La intervención del representante boliviano durante el 193º periodo de sesiones de la CIDH, Héctor Arce, es una declaración de principios sobre la importancia de los procesos electorales transparentes.
Al solicitar "vehementemente" a la Comisión que esté "atenta y vigilante" al desarrollo de los comicios, Bolivia demuestra que no tiene nada que ocultar y que, por el contrario, busca el escrutinio internacional como garantía adicional de legitimidad.
La solicitud se enmarca en lo que el embajador Arce definió como "una etapa decisiva para el fortalecimiento de las instituciones democráticas" del país.
Esta perspectiva revela una comprensión madura de que la democracia no es solo el acto de votar, sino un sistema integral que requiere el ejercicio pleno de derechos políticos en condiciones de libertad, transparencia e igualdad.
Las elecciones del 17 de agosto se desarrollan en un escenario marcado por controversias judiciales sobre candidaturas y tensiones políticas que han generado desconfianza en algunos sectores.
En este contexto, la estrategia gubernamental de buscar un acompañamiento internacional amplio representa una respuesta inteligente para neutralizar narrativas que buscan deslegitimar el proceso electoral antes de que se desarrolle.
La formalización de invitaciones a diversos organismos multilaterales, incluyendo la Unión Europea y la OEA, además de la CIDH, configura un escenario de observación internacional amplio. Esta multiplicidad de observadores garantiza que el proceso será monitoreado desde diferentes perspectivas técnicas y regionales, lo que añade robustez a la validación externa del proceso.
La declaración del Estado boliviano sobre su compromiso "con el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos" adquiere particular relevancia en un momento donde sectores de la oposición han planteado impugnaciones y amenazas de boicot electoral.
La apertura al escrutinio internacional se convierte así en una garantía adicional de que estos derechos serán respetados independientemente de las diferencias políticas.
La presencia de misiones de observación de organismos como la CIDH, la OEA y la Unión Europea no solo aporta transparencia al proceso, sino que también garantiza que los resultados electorales tendrán reconocimiento internacional.
La estrategia del gobierno de Luis Arce de reforzar el acompañamiento internacional representa una apuesta clara por la institucionalidad y el Estado de derecho. Al invitar el escrutinio externo, Bolivia demuestra confianza en sus instituciones y en la capacidad del pueblo boliviano para ejercer su derecho democrático en condiciones adecuadas.
La comunidad internacional, a través de sus organismos especializados, será testigo de un proceso electoral que definirá el rumbo político de Bolivia para los próximos cinco años. La apertura gubernamental al escrutinio externo demuestra que el país está preparado para este momento histórico y que cuenta con las instituciones y la voluntad política necesarias para garantizar un proceso limpio, transparente y legítimo.
AEP