El presidente Luis Arce anunció el lunes 18 un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) que definió para esta gestión un incremento salarial de 10% al salario mínimo nacional (que llega a Bs 2.750) y de 5% al haber básico en los sectores de salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas.
Mientras la derecha y los radicales evistas hacen eco del rechazo a esta medida expresado por un sector del empresariado, es importante remarcar que los movimientos sociales y el grueso de la población trabajadora condicen con la determinación que no hace sino mantener la coherencia de algunos de los preceptos clave de la gestión de Gobierno y del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
El incremento salarial responde a la necesidad de proteger el ingreso de las familias bolivianas frente a los efectos de la inflación y la crisis internacional. Como sucede en cada gestión, se tomó como referencia el índice de precios al consumidor (IPC) que en la gestión 2024 llegó a 9,97 %.
En una coyuntura compleja causada por una iliqui- dez transitoria de dólares —que se debe sobre todo al bloqueo de la ALP a créditos de financiamiento externo—, el Gobierno nacional demostró con indicadores y acciones concretas que, en aspectos estructurales y de largo aliento, la economía boliviana está estable y las perspectivas de crecimiento y desarrollo se mantienen en alza. De la misma manera, se mantiene incólume la premisa de go- bernar (es decir, tomar decisiones trascendentales) de la mano del pueblo, con las organizaciones sociales: escuchar y dialogar permanentemente, garantiza que se atenderán con justicia y equidad las principales demandas; en este caso, la de un incremento salarial que ayude a enfrentar la mencionada inflación.
Con breves interrupciones, el presidente Luis Arce conduce las riendas de la economía boliviana desde 2006, primero como ministro de Economía. Su visión y conocimientos propiciaron el crecimiento y estabilidad récords del país, reconocidos por organismos internacionales. El modelo económico que diseñó se asienta en la inversión pública, pero también en la redistribución justa y equitativa de ingresos; es ahí donde radica la pertinencia de los aumentos salariales anuales: generan mayor movimiento de efectivo, mayor circulación y, por lo tanto, promueven el comercio y la oferta y demanda de bienes y servicios, una dinámica positiva y saludable.
En asuntos inherentes a las finanzas públicas y su efecto en la economía popular y familiar, hay una enorme responsabilidad que recae en el Gobierno, pues debe ac- tuar previendo todas las implicaciones que significan un incremento al salario: las repercusiones negativas y positivas en la economía general, y en la del sector privado, en particular; he ahí que los porcentajes definidos sean prudentes, lejos de las legítimas aspiraciones del pliego inicial de los trabajadores, quienes, por su parte, demostraron madurez y una buena lectura del contexto y la coyuntura nacional.
AEP
