Cuando el socialista Luis Arce recibió el gobierno después de ganar las elecciones con el 55,11% del voto popular y Jeanine Añez se fue por la puerta trasera —acosada por su ineptitud administrativa y los casos de corrupción que provocaron colosales niveles de impopularidad—, el Producto Interno Bruto al tercer trimestre registraba una contracción del orden del 12,6%.
La Paz, que este mes conmemora 214 años de la revolución del 16 de julio de 1809, fue el departamento más afectado por el golpe de Estado de 2019.
Los grandes avances económicos y sociales de la década pasada se vieron truncados por la ruptura del orden constitucional de ese año, que derivó en una severa crisis económica como consecuencia del mal manejo de las finanzas públicas, el retorno al viejo modelo neoliberal y la mala administración de la pandemia durante 2020.
Durante el régimen ilegal el pueblo boliviano sintió el rápido deterioro de la economía.
Aumentó la pobreza, el hambre, las desigualdades y el desempleo. La actividad económica al cierre de 2020 registró una contracción del 9%, cifra no vista desde 1953.
El pueblo paceño sufrió también los embates de la crisis y su economía se contrajo en 11,1% en 2020.
Durante el gobierno de facto de Añez los indicadores sociales sufrieron graves deterioros: 300 mil personas retornaron a niveles de pobreza moderada y 120 mil personas a pobreza extrema; a la par, más de 115 mil personas perdieron su fuente laboral, incidiendo en un incremento de la tasa de desocupación de hasta 11,6% en julio de 2020, la cifra más alta en la historia reciente de nuestro país.
Ese deterioro se vio explicado por una abrupta paralización de la inversión pública.
Al tercer trimestre de 2020 la inversión púbica cayó en 66,2%, y en el departamento de La Paz la contracción fue de 68,3%, privando al pueblo paceño del acceso a proyectos públicos por más de $us 430 millones.
Las exportaciones cayeron en más de 21% en 2020 y las importaciones en más del 27%, con un menor flujo comercial que terminó con el cierre de empresas y la paralización de obras públicas.
Ante ese escenario de crisis e incertidumbre, el pueblo boliviano se movilizó hasta recuperar la democracia, primero en las calles y luego en las urnas en octubre de 2020.
En el primer año de la administración del Luis Arce, un reputado economista, se retomó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y se rencauzó la economía.
Las medidas que aplicó Arce permitieron alcanzar una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 6,1% en 2021, por encima de Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador, países que venían de recesiones menos severas.
Además se revirtió la paralización de las obras de inversión pública, y el Estado retomó su rol protagónico como motor de crecimiento económico.
En proyectos de inversión pública se desembolsaron $us 2.600 millones, incrementando en 48% este indicador con respecto a lo ejecutado en 2020.
El gobierno de Arce diseñó medidas para reconstruir la economía, luchar contra la pobreza y la desigualdad.
La ultrarreligiosa Jeanine Añez se fue en medio de dolo, poca eficiencia, corrupción y como responsable de 38 ejecuciones extrajudiciales.
