Con firmeza, el presidente Luis Arce remarcó que ejercerá todas sus atribuciones constitucionales para proteger a la población y la democracia ante la violencia de Evo Morales y sus grupos armados y movilizados, para despejar las carreteras bloqueadas con el fin de asfixiar la economía y dejar sin alimentos ni carburantes a los bolivianos y al aparato productivo, para garantizar el derecho al voto en las elecciones del 17 de agosto, para resguardar la vida, para que Bolivia continúe por la senda democrática.
La conspiración evista contra el Gobierno legalmente constituido y los comicios causó hasta ahora cinco fallecidos —cuatro policías y un campesino—, todo por la angurria de poder del dirigente cocalero para conseguir una candidatura que está impedida por la Constitución y dos fallos constitucionales, para no rendir cuentas ante la justicia por un caso de estupro en su contra, enarbolando el falso discurso de que la lucha es por la crisis económica y que su inhabilitación es un acto de discriminación a los indígenas.
Arce ordenó el despliegue de militares y policías para desbloquear las rutas y permitir la provisión de alimentos, gasolina y diésel. Lo hace con base en las facultades que le da la Constitución para cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y las leyes, mantener y preservar la seguridad y la defensa del Estado, ejercer el mando de capitán general de las Fuerzas Armadas y disponer de ellas para este objetivo. Inclusive, esta norma fundamental le autoriza declarar un estado de excepción si la situación lo amerita.
Un estado de excepción guarda una diferencia importante con el estado de sitio que se aplicó sobre todo en dictaduras militares: no justifica la represión y la suspensión de las garantías y los derechos de la ciudadanía, aunque en la actual época democrática fue autorizado por los gobiernos neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada (1995 y 2003) y Hugo Banzer (2001), y en la gestión inconstitucional de Jeanine Añez en 2020 rigió un estado de sitio de facto bajo el amparo de la cuarentena por el Covid-19 en el país.
La Constitución señala que el estado de excepción se ejecutará en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, y el Presidente puede declararlo en todo o en parte del territorio. Eso sí, no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos consagrados por la Carta Magna y su vigencia dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa en las siguientes 72 horas. Además, el Ejecutivo tendrá que rendir cuentas al Legislativo tras su aplicación.
Debido a las vulneraciones de derechos en la era de Añez, en octubre de 2020 entró en vigor la Ley 1341 de Estado de Excepción, que reglamentó esta situación bajo el marco establecido por la Constitución, con una vigencia máxima de 60 días y con el empleo de las FFAA y medidas de emergencia como respuesta a una grave amenaza que ponga en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, y que no puedan ser superados con facultades ordinarias.
El Gobierno descartó un estado de excepción porque perjudicaría el desarrollo de las elecciones. Eso sí, el resguardo de la democracia fue garantizado por Arce, pese a la violencia desatada por el evismo y la “batalla final” declarada por Morales. Para ello cuenta con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, que tienen como misión la de garantizar el imperio de la Constitución y la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y la de conservar el orden público y la defensa de la población nacional.
