Con el diálogo y el mayor control interno y en las fronteras, el Gobierno, en nombre del pueblo, está logrando vencer a la ola de agio y especulación en el precio de alimentos de la canasta familiar, entre ellos las carnes de res y de pollo, además del contrabando a naciones vecinas. El presidente Luis Arce no escatima esfuerzos para proteger los bolsillos de las familias bolivianas y garantizar la soberanía alimentaria, pese a la guerra política, económica, legislativa y mediática de la derecha para provocar descontento y convulsión social.
Los sectores productores comenzaron a aplicar la reducción paulatina de los costos luego de las negociaciones con las autoridades gubernamentales del área. En cuanto al kilo gancho de la carne de res, el precio bajó de Bs 40 a Bs 34,50 en todas las industrias y, por ende, esto ya se tradujo en una disminución en los mercados minoristas, empero, la previsión es que exista una mayor rebaja: si el kilo de carne molida de segunda llegó a costar Bs 48, se proyecta que baje a entre Bs 42 y Bs 43, y el kilo de la pulpa, de Bs 70 a Bs 49.
En el caso de la carne de pollo, las productoras avícolas y los vendedores igualmente empezaron a ofrecerla a menor precio: hasta Bs 18,50 por cada kilo en los mercados, cuando el precio superó los Bs 25 hace poco. Para lograr esto, el Gobierno solucionó en tiempo récord el tránsito carretero a occidente perjudicado por las lluvias, además que elevó hasta en 55% la subvención al maíz, lo que permite que el sector avícola cuente con insumos a precios accesibles y estabilice la producción para el mercado interno.
También se implementó la suspensión temporal de la entrega de autorizaciones para la exportación de carne de res hasta que se retomen los precios anteriores, lo que está en constante evaluación con los ganaderos y las industrias que comercializan este producto principalmente a China. Y se garantizó el abastecimiento de combustibles para el sector productivo, lo que facilitó el transporte para la distribución nacional y la reducción de costos logísticos. Todo esto con la política gubernamental del consenso como premisa.
El fortalecimiento de la vigilancia militar en las fronteras, dispuesto por Arce para evitar el contrabando a la inversa, tiene su cuota en estos logros, no solamente para impedir el traslado ilegal de alimentos a los Estados vecinos con Bolivia, sino sobre todo del diésel y la gasolina subvencionados con más de $us 3.000 millones al año, cuya escasez es alentada por el bloqueo legislativo de créditos que aplican la nueva y la vieja derecha, con $us 1.592 millones requeridos para obligaciones como la compra de carburantes.
Para que este esfuerzo del aparato productivo no caiga en saco roto, el Gobierno, con el trabajo del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y las intendencias municipales, llevará a cabo operativos para garantizar la reducción de los precios de las carnes de res y de pollo en los mercados y supermercados de los nueve departamentos. Sin duda, son medidas inmediatas que regularizan a paso firme el abastecimiento de alimentos a precio justo para la población, cuidando su economía.
