El escándalo que envuelve al candidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre ha puesto en evidencia una realidad inaceptable: expresiones de odio racial que no pueden ser toleradas en ningún contexto, mucho menos en quien aspira a ser la segunda autoridad del Estado Plurinacional.
Las plataformas Bolivia Verifica y Chequea Bolivia confirmaron la autenticidad de mensajes profundamente racistas publicados entre 2010 y 2012 en una cuenta de Twitter registrada oficialmente por Velasco en el Tribunal Supremo Electoral.
Los contenidos de estos tuits son de una gravedad extrema: llamados a asesinar a la población del occidente del país, burlas discriminatorias y expresiones que dividen y enfrentan a bolivianos por su origen geográfico y cultural.
No importa cuándo fueron escritos estos mensajes. El racismo no prescribe, no se atenúa con el tiempo ni se justifica por la juventud o el contexto. Estas palabras hieren la dignidad de millones de bolivianos que durante décadas han luchado contra la discriminación, el prejuicio y la exclusión sistemática que marcó la historia de nuestro país.
Bolivia ha recorrido un largo y doloroso camino en la construcción de un Estado que reconozca y respete la diversidad de sus pueblos indígenas, originarios, campesinos y de toda su población humilde.
Este avance, consagrado en la Constitución Política del Estado, no puede ser manchado por quienes pretenden ejercer el poder desde la negación y el desprecio hacia sectores enteros de la sociedad.
Lo más preocupante no es solo el contenido de los tuits, sino la respuesta del candidato ante su difusión. Velasco negó inicialmente su autoría; luego calificó el asunto como "guerra sucia", pero jamás asumió responsabilidad directa ni ofreció una disculpa pública al país.
Este silencio, esta evasión deliberada de enfrentar las consecuencias de sus palabras, revela una falta de coraje político y de compromiso ético fundamental.
Un candidato a la vicepresidencia debe rendir cuentas. Debe explicar, asumir y reparar. El pueblo boliviano merece respuestas claras, no silencios calculados ni estrategias para que "el escándalo se olvide". El racismo no es un tema menor que pueda barrerse bajo la alfombra electoral.
Bolivia no merece, no necesita y no puede permitirse una autoridad con este perfil. Un país que ha dado pasos históricos en el reconocimiento de sus pueblos, que ha elevado la whipala como símbolo nacional que ha inscrito en su Constitución el rechazo al racismo y toda forma de discriminación, no puede entregar su destino a manos de quienes alguna vez —o quizás aún— desprecian a sus hermanos por el color de su piel, su acento o su procedencia.
Este no es un ataque político. Es una exigencia democrática básica: quien aspire a gobernar debe respetar profundamente a todos los bolivianos sin distinción. Las palabras tienen consecuencias y, cuando provienen de quien busca el poder, esas consecuencias son políticas y sociales.
El electorado boliviano tiene ante sí una decisión crucial. No se trata solo de programas de gobierno o propuestas económicas. Se trata de valores fundamentales, de la clase de liderazgo que queremos construir, del país que queremos ser.
Un país que mira hacia adelante no puede hacerlo con autoridades ancladas en el prejuicio y la discriminación.
Juan Pablo Velasco tiene aún la oportunidad de enfrentar este momento con dignidad: reconocer sus errores públicamente, asumir la responsabilidad de sus palabras, ofrecer una disculpa sincera al pueblo boliviano y explicar cómo ha transformado su pensamiento.
Hasta que eso ocurra, su candidatura arrastra una mancha que ninguna estrategia electoral podrá borrar.
El racismo no tiene cabida en el poder. Nunca más.
AEP
