El arribo de Arturo Murillo a Bolivia, en calidad de deportado, marca un momento histórico en la lucha contra la impunidad. Después de cinco años de huida, el exministro de Gobierno del régimen de facto de Jeanine Añez finalmente enfrentará a la justicia boliviana por 15 procesos penales, pero sobre todo por su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata, que enlutaron noviembre de 2019.
La imagen del otrora poderoso ministro siendo aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru simboliza que, tarde o temprano, la justicia alcanza a quienes abusaron del poder.Sus 15 procesos penales, que incluyen dos condenas, son apenas el comienzo del ajuste de cuentas que Bolivia debe tener con los responsables de la represión de 2019.
Sin embargo, las condenas por la compra irregular de gases lacrimógenos, aunque importantes, no deben eclipsar la deuda de justicia más grave: su responsabilidad en las masacres que dejaron decenas de muertos en Sacaba y Senkata. Como ministro de Gobierno, Murillo no fue solo un funcionario corrupto: fue el cerebro político de una estrategia represiva que utilizó armas de guerra contra ciudadanos desarmados.
Las familias de las víctimas esperaron cinco años para ver a uno de los principales responsables de su dolor enfrentar la justicia.
Murillo comandó un aparato represivo que disparó contra manifestantes, que utilizó francotiradores en Senkata y que implantó un discurso de odio que deshumanizó a los opositores.
Sus declaraciones incendiarias y su retórica belicista crearon el clima perfecto para la violencia estatal.
Que la exautoridad haya llegado deportado desde Estados Unidos, tras cumplir condena por lavado de dinero, añade una dimensión simbólica a su retorno. El mismo que huyó del país cuando la justicia lo buscaba, que se refugió en el extranjero mientras las familias de las víctimas clamaban justicia, regresa ahora no por voluntad propia, sino expulsado por la justicia estadounidense.
Esta deportación demuestra que la corrupción no tiene fronteras para esconderse, pero tampoco las tiene la justicia para perseguirla. Los 15 procesos que enfrenta en Bolivia muestran la magnitud de la criminalidad que caracterizó al gobierno de facto. El traslado inmediato a una penitenciaría paceña marca el inicio de un proceso que debe ir más allá de la corrupción administrativa.
Bolivia necesita que se esclarezca su participación en las masacres de 2019, que se determine su grado de responsabilidad en las muertes de Sacaba y Senkata y que se establezcan precedentes claros sobre las consecuencias de utilizar la fuerza estatal contra civiles desarmados.
Los diez procesos en juicio oral y los otros en diferentes etapas procesales representan una oportunidad para que la justicia demuestre que nadie está por encima de la ley.
Pero será en los casos relacionados con las masacres donde realmente se pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para hacer justicia a las víctimas de la represión estatal.
Para las familias de las víctimas de Sacaba y Senkata, este momento representa un paso hacia la verdad y la reparación que merecen. Para Bolivia, representa la posibilidad de cerrar un capítulo doloroso de su historia con justicia, no con impunidad.
AEP
