La denuncia del presidente Luis Arce sobre la estrategia de la derecha política de ejecutar un plan "contra el bolsillo" del pueblo boliviano revela una realidad que merece profunda reflexión.
Mientras el Gobierno intenta consolidar un modelo de desarrollo basado en la industrialización y la soberanía económica, fuerzas opositoras parecen dispuestas a sacrificar el bienestar ciudadano en aras de réditos electorales.
No puede ser coincidencia que, en camino de las elecciones generales de agosto, el país esté experimentando una escalada de precios y una presión artificial sobre el tipo de cambio.
Estas dinámicas, lejos de ser meros fenómenos de mercado, responden a una estrategia calculada para generar descontento social y capitalizar el malestar en las urnas.
La táctica es tan antigua como efectiva: provocar sufrimiento económico para luego presentarse como salvadores, ocultando que son precisamente los arquitectos de la crisis.
Es alarmante también el bloqueo sistemático que se observa desde la Asamblea Legislativa, donde la aprobación de créditos internacionales vitales para el desarrollo productivo permanece estancada.
Esta obstrucción no afecta primordialmente al Gobierno, sino a millones de bolivianos que ven comprometidos sus empleos, acceso a servicios básicos y perspectivas de desarrollo.
Frente a este escenario, el gobierno de Arce mantiene su compromiso con un modelo económico que prioriza la industrialización de los recursos naturales como pilar del desarrollo nacional.
Esta visión contrasta radicalmente con la propuesta neoliberal que, apenas disimulada bajo un maquillaje discursivo, amenaza con retrotraer al país a tiempos donde las decisiones económicas atendían intereses externos y no las necesidades de las mayorías.
El recuerdo de los años noventa y principios de los 2000 debería ser suficiente advertencia sobre las consecuencias de políticas que privilegian indicadores macroeconómicos por encima del bienestar social.
La verdadera disyuntiva que enfrentarán los bolivianos en agosto no es simplemente entre partidos políticos, sino entre modelos de país. Por un lado, una propuesta que apuesta por la industrialización, la distribución del ingreso y la defensa de los recursos naturales; por otro, un esquema que, bajo promesas de modernización, esconde el viejo paradigma de privatizaciones, reducción del Estado y dependencia externa.
En este contexto, resulta fundamental que la ciudadanía
comprenda la magnitud de lo que está en juego. Las obras de infraestructura, vivienda, educación y salud que hoy son realidad en varias regiones del país no son meras concesiones gubernamentales, sino expresiones concretas de un modelo que concibe el desarrollo como un derecho colectivo y no como privilegio de pocos.
AEP
