El brutal asesinato de Kamila, una joven estudiante de 23 años, en un aula de la Escuela Superior de Maestros de Caranavi, ha vuelto a sacudir la conciencia ciudadana.
Este trágico suceso no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad alarmante: con 73 feminicidios registrados en lo que va del año, el país enfrenta una crisis que demanda acciones inmediatas y contundentes.
El presidente Luis Arce ha calificado acertadamente este crimen como un "brutal asesinato" que deja "una profunda herida en nuestra sociedad". Sus palabras reflejan la indignación y el dolor que sienten los bolivianos ante la pérdida de otra vida joven y prometedora.
El llamado urgente del Presidente al Legislativo para aprobar el proyecto de ley sobre el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia es un paso en la dirección correcta.
Estas "manillas y tobilleras electrónicas" podrían ser una herramienta vital para proteger a las mujeres de potenciales agresores. Además, la propuesta de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral para las mujeres en situación de violencia es vital y merece un apoyo decidido.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respaldó esta iniciativa y subrayó la necesidad de actuar con rapidez para prevenir más tragedias. Su exhortación a los legisladores para que se enfoquen en crear nuevas normas de protección, en lugar de modificar la existente Ley 348, merece una seria consideración.
Sin embargo, debemos reconocer que la tecnología y las leyes, por sí solas, no pueden erradicar este problema profundamente arraigado. La violencia contra las mujeres es el resultado de estructuras sociales y culturales que deben ser desmanteladas. Necesitamos un cambio fundamental en la forma en que nuestra sociedad ve y trata a las mujeres.
Es importante que se apliquen programas educativos integrales desde la temprana edad para fomentar el respeto, la igualdad y la no violencia. Además, se deben fortalecer los sistemas de apoyo para las mujeres en riesgo, incluyendo refugios seguros, asesoramiento psicológico y asistencia legal gratuita.
El caso de Kamila, asesinada en un lugar que debería haber sido seguro —un aula de clases—, nos recuerda que la violencia contra las mujeres no conoce límites. Es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad y, como tal, requiere una respuesta integral y coordinada de todos los niveles de gobierno, la sociedad civil y cada ciudadano.
La cifra de 73 feminicidios en lo que va del año no es solo una estadística, representa 73 vidas truncadas, 73 familias destrozadas, 73 futuros robados. Cada uno de estos casos es un fracaso colectivo de nuestra sociedad para proteger a sus miembros más vulnerables.
Es hora de decir basta. El llamado del presidente Arce debe ser el catalizador para un cambio real y duradero. La Asamblea debe actuar con la urgencia que la situación demanda y unirse a un esfuerzo colectivo para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia.
El legado de Kamila y de todas las víctimas de feminicidio debe ser una Bolivia donde las mujeres puedan vivir sin miedo, donde sus derechos sean respetados y su seguridad garantizada. No podemos permitirnos perder una vida más.
La Paz/AEP
