Gobernar escuchando al pueblo y en apego a la Constitución Política del Estado es lo que muchos han prometido, pero solo uno está demostrando que eso es posible cuando el único interés es servir a la patria con un trabajo 24/7 dedicado a lograr el desarrollo económico y social de las bolivianas y bolivianos.
Luis Arce Catacora es el hombre que está sacando al país hacia adelante, con inversiones de millones de dólares que harán de Bolivia un país industrializado, una Bolivia que ya no dependerá únicamente de la exportación de hidrocarburos.
Sin embargo, la oposición, que ahora marcha de la mano del evismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que bloquea leyes destinadas al desarrollo del país, no trabaja por sus regiones y solo vela por intereses personales y de ciertos grupos, se atreve a decir que el Presidente de todos los bolivianos violó la CPE al posesionar a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno, luego de haber sido censurado, cosa totalmente alejada de la verdad.
El Gobierno nacional, en cumplimiento a lo establecido en la CPE y la censura que se hizo a Del Castillo, emitió el Decreto Presidencial N° 4974, a través del cual se procede a la destitución de la autoridad interpelada. El artículo único señala: “Se deroga el Decreto Presidencial N° 4389, de 9 de noviembre de 2020, en lo referido a la designación del Ministro de Gobierno”.
El Art. 172, numeral 22, de la CPE, señala que "son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: Designar a las Ministras y a los Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en la composición del gabinete ministerial".
En virtud de esta disposición y visto que no hay ningún impedimento legal al respecto, el Presidente actuó en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas, posesionó a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno, escuchando al pueblo cuyas organizaciones hicieron sentir su voz vitoreando “Lucho no está solo” y cuestionando la labor de los asambleísta que pactaron con la derecha.
La oposición, conformada por la derecha y los evistas, se equivoca al buscar faltas o delitos donde no existen, basándose en disposiciones legales que no están vigentes (las de la Ley 1350), porque uno de los principios generales del derecho más conocidos señala: “Lo que no está prohibido está permitido” (permissum videtur id omne quod non prohibitur).
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de su Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 del 5 de abril, resolvió y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3.III, 4.I, 4.II y 4.III de la Ley 1350 del 16 de septiembre de 2020, que regulan los efectos de la censura; pero además exhortó a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) adecue la referida ley para el cumplimiento de su finalidad, sin embargo hasta ahora no se cuenta con la referida norma regulatoria porque los legisladores no cumplieron con ello.
El TCP, para ese fin, hizo un test de proporcionalidad y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3.II y III; y, 4 de la Ley 1350, que declara el tiempo de tres años de impedimento para la designación de la persona censurada; además de la posibilidad de procesos penales por incumplimiento de deberes y otros que pudieran corresponder según el caso, ante la inobservancia a lo establecido en la ley.
El 19 de abril de 2023, el presidente Luis Arce Catacora entregó el proyecto de ley que “Determina los efectos jurídicos de la censura acordada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribulaciones constitucionales”, al vicepresidente David Choquehuanca para su tratamiento.
El 20 de abril, el Vicepresidente remitió el proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para la tramitación de una nueva ley acorde a la realidad democrática y profundizando la independencia del Órgano Legislativo y el ejercicio de su atribución de fiscalización.
El proyecto de ley cumple con el razonamiento jurídico planteado por el TCP en el momento de objetar la constitucionalidad de varios de los artículos de la Ley 1350. Además prevé la imposibilidad de restitución en el cargo de la autoridad censurada por el periodo constitucional, pero sin vulnerar derechos laborales, civiles y políticos.
Por otro lado, el 21 de abril, el TCP recibió una consulta previa de constitucionalidad sobre el referido proyecto de ley (Expediente 54658-2023-110-CPP), por el que la Asamblea de momento está imposibilitada de emitir una nueva ley y tampoco interpelar mientras no se resuelva el caso ante el TCP.
La actuación del presidente Luis Arce muestra a todas las bolivianas y bolivianos, y sobre todo a la derecha y el evismo, bloque que solo busca desestabilizar al Gobierno, que se puede gobernar escuchando al pueblo y en total apego a la Constitución Política del Estado. “El modo de gobernar bien es emplear a los hombres honrados, aunque ciertos grupos lo declaren enemigo”, es una de las frases célebres del Libertador Simón Bolívar.
