El nombre de Gonzalo Sánchez de Lozada permanece en la memoria colectiva como un mal recuerdo. Fue presidente de la República en dos mandatos (1993-1997 y 2002-2003).
En su primer periodo constitucional, en el marco de una política ultraneoliberal, vendió las empresas del Estado por un plato de lentejas.
En su segundo mandato, 2002-2003, las fuerzas sociales repudiaron su intento de exportar gas natural a través de puertos chilenos. Exigieron su renuncia y el epicentro de las movilizaciones fue la siempre combativa ciudad de El Alto.
"Yo no voy a renunciar". Así de tajante reaccionó Sánchez de Lozada, apodado Goni, cuando los disturbios callejeros en La Paz y en la vecina alteña ya habían cobrado 67 muertos.
Intentó mantenerse en el cargo a sangre y fuego, pero no era posible. Renunció el 17 de octubre de 2002 y fugó a Estados Unidos, donde radica desde entonces.
El multimillonario empresario minero y político cumplirá 93 años el 1 de julio. Después de dos décadas de ausencia del país, en un arranque de demencia senil, planteó una delirante propuesta constitucional que no vale más que estas líneas.
Lo importante de su “reaparición”, sin embargo, es recordar al país que es un prófugo de la justicia boliviana acusado de genocidio.
Él y su gabinete, todos fugados, algunos ya fallecieron, tienen manchadas las manos de sangre de compatriotas inocentes que tomaron las calles para defender una democracia que pisoteó a su antojo.
Actualmente reside en Estados Unidos, bajo falsas maniobras legales para confundir a la opinión pública.
En Estados Unidos también encontraron refugio los exministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín —uno de los principales represores de septiembre y octubre de 2003 y quien “tramitó” con el Gobierno de Ecuador armas no letales para sostener al inconstitucional régimen de Jeanine Añez—; de Hidrocarburos Jorge Berindoague; y de Agricultura Guido Áñez.
Goni también es responsable del denominado “impuestazo al salario”, que decretó en febrero de 2003.
Los bolivianos, orgullosos y combativos, salieron a las calles para rechazar la medida neoliberal en su expresión más salvaje.
Como consecuencia de dos días de enfrentamiento se registraron 30 muertos, entre civiles, policías y militares. Otros seis fallecieron poco después al complicarse su salud por profundas heridas de bala.
Sánchez de Lozada no merece más que estar en la cárcel y cualquier propuesta para lavar su despreciable imagen no debe tener ningún eco.
